en España en la UE

– Miguel Moltó –

No podemos desarrollar en este blog todos los aspectos que, en el ámbito económico, le ha supuesto a nuestro país su pertenencia a la actual UE, así como a formar parte del euro desde su implantación en 1999. Por ello me limitaré a señalar algunos que considero de los más importantes.

  • Modernización de las estructuras productivas

La pertenencia de España a la actual Unión Europea ha supuesto, en el ámbito económico, modernizar sus estructuras productivas en muchos sectores, en algunos de ellos con reconversiones industriales dolorosas (un ejemplo, el sector siderúrgico) en los años 80 que se tradujeron en pérdidas de puestos de trabajo notables y en un alto coste político al gobierno (huelgas generales). Desde el punto de vista de la racionalidad económica eran necesarios tales ajustes e incluso otros que no se llevaron a cabo (caso del sector minero). También el sector agrícola hubo de modernizarse contribuyendo de forma notable para ello las ayudas de la política agrícola comunitaria. Había que abrirse al exterior y, por ello, la economía española debía ser competitiva.

  • Ajustes para la pertenencia al euro

El objetivo por parte de las autoridades españolas de pertenecer a la moneda única, el euro, desde su entrada en vigor en 1999 (aunque las monedas y billetes no comenzaron a circular hasta 2002) obligó a la economía española a llevar a cabo una serie de reformas en los años anteriores a esa fecha para cumplir los criterios de convergencia fijados en el artículo 121.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en su versión consolidada.

España tenía que ser consciente de que la pertenencia al euro le iba a suponer perder dos de los principales instrumentos de política económica, la política monetaria, que iba a depender del Banco Central Europeo (BCE) y la política del tipo de cambio. El Banco de España no podría, por tanto, modificar ni los tipos de interés ni la cantidad de dinero en circulación, como hacía hasta esa fecha. Las autoridades económicas españolas tampoco iban a poder devaluar su moneda, ahora el euro, por lo que no podían echar mano de lo que en ciertos períodos había sido habitual para fomentar las exportaciones y reducir las importaciones.

Sin embargo los países que integraran el euro seguirían controlando la política fiscal. El único avance en este campo ha sido la armonización de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido. No había un objetivo de llegar a una unión fiscal, sino sólo monetaria. La denominada Unión Económica y Monetaria nacía coja, en palabras de Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea, en el momento de la entrada en vigor del euro. En efecto, no podía hablarse de unión económica cuando la política fiscal, instrumento económico clave de cualquier gobierno, quedaba en manos de los gobiernos de la zona euro.

Para paliar de alguna forma esta asimetría entre la política monetaria (en manos de una organización supranacional, el BCE) y la política fiscal (en manos de los Estados), e incluso matizar al menos las posibles contradicciones que pudieran surgir entre la aplicación de una y otra, el Tratado de Maastricht (1992) va a obligar a una cierta disciplina fiscal al señalar que los países pertenecientes al euro no deben superar el 3% de déficit público respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), y tampoco sobrepasar el 60% de deuda pública respecto a su PIB. España, hasta la llegada de la crisis (2008), va a cumplir sin problemas tales porcentajes. Sin embargo, España estaba incubando una alta deuda privada producto, principalmente, de la burbuja inmobiliaria que tendrá lugar en nuestro país durante más de 10 años. A esta deuda privada se añadirá el aumento de la deuda pública, que de estar por debajo del 40% en 2007 se situará en 2015 alrededor del 100% del PIB español. La crisis también se traducirá en que España sobrepase el 3% de déficit, que no se espera se alcance hasta 2016 en el escenario más favorable.

  • Mercado interior

España se ha beneficiado de modo notable del mercado interior. En 2015 se cumplen 23 años del establecimiento del mercado interior en la UE, uno de los pilares fundamentales de la integración europea. La libertad de mercancías, servicios, personas y capitales ha tenido efectos positivos sobre los ciudadanos comunitarios. Se estima que el mercado interior ha creado más de dos millones de puestos de trabajo en la Unión. España se ha beneficiado de este mercado interior. Sin embargo, el mercado único no está terminado. La Comisión presentó en 2011 un “Acta del mercado único” con 50  acciones prioritarias tendentes a profundizar en una mayor integración de los mercados, y en 2012, a través del “Acta del mercado único 2” un segundo paquete de medidas que tenderían a afectar a los sectores de transporte y energía, economía digital, movilidad de los ciudadanos y negocios y empresariado social. En realidad falta una mayor liberalización del sector servicios, que recordemos supone en torno al 70% del PIB comunitario y da empleo a un porcentaje similar de trabajadores.

  • La solidaridad de los socios comunitarios   

La solidaridad de nuestros socios comunitarios con España se pone de manifiesto a través de la política de cohesión económica, social y territorial practicada por la UE. Una cifra es significativa al respecto. España  habrá recibido unos 167.000 millones de euros para acciones estructurales en el período 1986-2020. Estos fondos han permitido transformar a España en cuanto a su red de carreteras, ferrocarriles (AVE), medio ambiente, espíritu empresarial, etc. Los fondos estructurales y el Fondo de cohesión, en general, han sido bien utilizados por las autoridades españolas. A ello ha contribuido la creación de los mecanismos adecuados para ello, y así ha sido reconocido en Bruselas.

La política de cohesión económica, social y territorial llevada a cabo por la Comisión obligó a España, así como a los demás países receptores de fondos, a una programación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que se iban a financiar. Podemos mencionar, por ejemplo, la necesidad de presentar a Bruselas “Programas de desarrollo regional” para todas las regiones españolas que iban a ser objetivo 1 (aquellas con renta inferior al 75% de la renta comunitaria). Esto obligó a tales regiones, con la ayuda de la Administración Central, a elaborar aquellos programas siguiendo las directrices de la Comisión. El aprendizaje fue muy fructífero  y se transformó en resultados positivos para todos los niveles de la administración española (gobierno central, comunidades autónomas y gobiernos locales), así como para los agentes sociales que también intervinieron en la programación y seguimiento de la misma.

Las acciones estructurales, principalmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, han contribuido al crecimiento del PIB español y a la creación de empleo, especialmente antes de la crisis.

La renta per cápita en España medida a precios corrientes pasó de 6500$ en 1986 a cerca de 30000$ en 2013, según datos del Banco Mundial. Este mismo organismo publica dicha renta en paridad de poder adquisitivo desde 1990. Pues bien, en dicho año la renta per cápita española así medida fue de 13707$, y en 2013 alcanzó 33094$. Indudablemente, la adhesión de España a la UE ha influido en esta evolución.

Miguel Moltó. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Alicante

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