– María Peñarrubia Bañón –
La crisis económica que comenzó en 2008 también supuso una crisis democrática, marcada principalmente por la desafección ciudadana hacia las instituciones políticas. Así, los ciudadanos piden una regeneración democrática que amplíe los mecanismos de participación en la elaboración de las políticas públicas y en las disposiciones normativas, donde dicha participación vaya más allá del mero ejercicio del derecho de sufragio.
La Unión Europea (UE) reaccionó a este malestar generalizado y, por ello, desde el mes de abril de 2012 los ciudadanos tenemos un nuevo canal de democracia participativa, la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Este instrumento, consagrado por el Tratado de Lisboa para reforzar la participación democrática y acercar las instituciones europeas a la población, permite que un millón de ciudadanos de, al menos, siete de los veintiocho Estados miembros de la UE presenten una iniciativa legislativa a la Comisión Europea en alguno de los ámbitos de competencia de la UE.
De esta forma, el objetivo con el que se creó la ICE fue el de introducir más democracia participativa en los procesos legislativos europeos, constituyendo así una nueva herramienta política que podría ser muy fructífera y beneficiosa en cuanto a la relación entre la UE y los ciudadanos. Este tipo de herramienta es incluso más útil en tiempos de crisis, épocas en las que suele registrarse una pérdida de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Además, por todos es sabido que la confianza en la UE disminuye en tiempos de crisis, y este instrumento de democracia participativa podría ser una buena y constructiva idea para reforzar esa debilitada relación entre la UE y sus ciudadanos y superar la desafección política.
Sin embargo, la UE no ha sabido aprovechar esta oportunidad. En marzo de 2010 la Comisión presentó su propuesta de Reglamento regulador de la ICE (el Reglamento 211/2011), que establecía, una vez más, importantes trabas burocráticas. Se entiende que sea necesario establecer barreras para limitar los abusos, pero también es de vital importancia que los ciudadanos puedan expresar su opinión de manera sencilla y sin trabas burocráticas que socaven su anhelo de participar de forma activa en la toma de decisiones a nivel europeo.
Las dificultades que plantea el cumplimiento de los requisitos fijados por el Reglamento que regula este instrumento entorpecen la consecución de su objetivo principal: la participación en la vida democrática de la UE. Buena prueba de la complejidad de las exigencias del Reglamento es que, de las 56 iniciativas que se han puesto en marcha desde 2012, solamente tres han cumplido todos los requisitos y han alcanzado el número de firmantes requerido. Estas son “Right2Water”, “One of us” y “Stop Vivisection”. Por tanto, ¿de qué sirve crear este instrumento innovador si tantos requisitos burocráticos desalientan al millón, o en ocasiones muchos más, de ciudadanos que han apoyado con su firma una iniciativa?
Es por ello por lo que las propuestas para la revisión del Reglamento no deberían limitarse simplemente a las cuestiones técnicas y burocráticas, como son: facilitar los sistemas de recogida de firmas a través de páginas web; ampliar el plazo para las mismas; facilitar la traducción de las iniciativas propuestas a otras lenguas oficiales de la UE; simplificar los requisitos que se piden a los firmantes; asegurar que todos los ciudadanos europeos puedan apoyar una iniciativa independientemente del lugar en el que vivan; poder recoger las direcciones de correo electrónico al firmar una ICE; modificar el control de admisibilidad haciendo que la Comisión se base en criterios legales claros. La Comisión Europea presentó en abril de 2015 un informe sobre la aplicación del Reglamento 211/2011, y actualmente estamos a la espera de que se modifique introduciendo algunas propuestas para reducir las barreras administrativas y dar un impulso a este instrumento que es muy poco conocido por los ciudadanos europeos. El 28 de octubre de 2015, el Parlamento Europeo votó a favor de una reforma del Reglamento de la ICE para mejorar la accesibilidad, simplificar las reglas y reforzar el impacto político de las iniciativas exitosas. Es la Comisión quien tiene la última palabra sobre la revisión del Reglamento, pero habrá que esperar a su decisión en los próximos meses. Este proceso presenta una buena oportunidad para mejorar la ICE.
También es necesario que el Reglamento recoja propuestas como la ayuda pública y la asistencia a nivel institucional para los organizadores que les proporcione ayuda legal para la identificación de la base jurídica de una ICE, así como financiación para las campañas; eliminar la responsabilidad personal de los miembros de los comités ciudadanos; crear un estatus jurídico para los comités y asegurar que la ICE tenga un significativo impacto político y legal.
En relación a esta última propuesta es necesario indicar que en la revisión del Reglamento deberían incluirse fórmulas para mejorar el seguimiento de las iniciativas que hayan alcanzado el número de firmas requerido. Esto es conveniente para que no vuelva a ocurrir lo que actualmente está sucediendo con las tres iniciativas que han conseguido el millón de firmas y para las cuales la Comisión no ha llevado a cabo ninguna acción significativa. Quizás no todas las iniciativas puedan desarrollarse como propuestas legislativas, pero sería positivo, a efectos de satisfacción ciudadana, reconducirlas en otro tipo de instrumento político, como podrían ser Comunicaciones y Libros Blancos de la Comisión Europea, Recomendaciones para los gobiernos de los Estados miembros, etc.
Como vemos, la ICE es un instrumento que, por su complejidad formal, nació destinado al fracaso; o, de un modo más sutil, con escasas posibilidades de éxito. La ICE nació más bien como un lavado de cara de la UE ante las numerosas críticas que recibe por ser un ente que se percibe alejado de la ciudadanía, más que como un verdadero derecho de los ciudadanos europeos. Las limitaciones con las que la ICE surgió le impiden que se convierta en el instrumento esperado de participación directa en los asuntos políticos europeos, pareciendo, más bien, que las disposiciones normativas y el marco político solamente le conceden un protagonismo efímero.
Esperemos que en la próxima revisión del Reglamento prevista para los primeros meses de este año la nueva Comisión sepa aprovechar el atractivo de la ICE y darla a conocer a los ciudadanos como un paso adelante en la democracia participativa en la UE, acercándose a ellos y haciéndola más perceptible, fomentando así y haciéndolos partícipes de los debates sobre los temas que les afectan y que se discuten a nivel europeo. Abriendo vías de participación democrática los ciudadanos sentirán que su voz cuenta en Europa.
María Peñarrubia Bañón. Investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Europeos
