en Justicia e Interior

– Ignacio Fuente Cobo – 

Durante el pasado Foro de Davos la directora del FMI, Christine Lagarde, afirmaba que “la crisis de los refugiados constituía un riesgo concreto para la supervivencia del espacio Schengen”, el acuerdo que regula la libre circulación de personas entre los países europeos firmantes. Con ello, buscaba contribuir a un debate sobre la seguridad de la Unión Europea al que los atentados de Paris, de noviembre de 2015, habían convertido en un tema más de actualidad que nunca. Los graves sucesos que tuvieron lugar en Colonia y otras ciudades europeas en la nochevieja de 2015 y la posibilidad de que grupos como el Daesh puedan aprovechar la llegada masiva de refugiados procedentes de los conflictos en países árabes para introducir terroristas sin ningún control en el territorio de la UE, no ha hecho más que intensificar el debate sobre las debilidades que presenta el sistema de seguridad europeo para proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos. Las opiniones se encuentran divididas entre los que piensan que lo mejor sería recuperar las fronteras nacionales convirtiéndolas en barricadas detrás de las cuales protegerse y aquellos otros que son partidarios de profundizar en la integración europea de forma que se puedan corregir  sus actuales imperfecciones, con la balanza inclinándose aparentemente en favor de los primeros.

Ante esta situación, lo primero que hay que decir es que el terrorismo no constituye una amenaza nueva, sino que se remonta al menos a los años setenta. En esas fechas, diversos países europeos tuvieron que hacer frente a una amenaza terrorista de extrema izquierda, o carácter nacionalista, que produjo los primeros resultados en materia de cooperación judicial y policial. Esta cooperación de carácter intergubernamental fue el origen de la creación del tercer pilar que, junto con el de la unión económica y el también intergubernamental consagrado a la política extranjera y de seguridad común, constituyen el fundamento del Tratado de Maastricht.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001, planificados en parte desde suelo europeo y, sobre todo, los cometidos en Madrid en el 2004 y Londres un año después, jugaron un papel importante de catalizadores de la respuesta europea. En marzo de 2004 el Consejo Europeo decidió la creación del puesto de “Coordinador de la Lucha contra el Terrorismo” y al año siguiente adoptó la “Estrategia de la UE para Luchar contra el Terrorismo” que fue seguida por una serie de iniciativas comunitarias de naturaleza legislativa u operacional.

Ahora bien, durante los años siguientes se puso de manifiesto que todas estas medidas resultaban insuficientes ante la amenaza creciente del terrorismo de carácter yihadista. Entre los años 2009 y 2013, según datos del Consejo Europeo, se produjeron un total de 1010 atentados fallidos, o consumados en los estados miembros de la UE, con un balance de 38 personas muertas. A esta cifra habría que añadir los secuestros o asesinatos de ciudadanos europeos por todo el mundo, o la amenaza que supone el fenómeno de los combatientes europeos que viajan a distintos lugares para unirse a la yihad, a su retorno a Europa. La gravedad de esta amenaza ligada a la radicalización religiosa fue identificada por el propio Consejo en agosto de 2014 al afirmar que se trata de “una amenaza multiforme dirigida directamente contra los valores europeos”.

La gravedad de la amenaza yihadista, un fenómeno en aumento desde 2014 cuando el Daesh se estableció en Siria e Iraq, se ha materializado con toda su crudeza en los atentados de Paris de 13 de noviembre de 2015 que produjeron 129 muertos y 352 heridos. Como reconocía unos días después la declaración común de los Jefes de Estado y de Gobierno, “se trata de un ataque contra todos nosotros al que hay que hacer frente juntos con todos los medios necesarios”.

Parece evidente que estos acontecimientos van a tener consecuencias sobre las leyes y normas que regulan el control de las fronteras y la acogida de refugiados, agravada por el enorme flujo de estos. Aunque podemos cuestionar la oportunidad de tratar la cuestión de los refugiados bajo el prisma de la seguridad, las medidas de cierre de fronteras y la multiplicación de los controles de todo tipo suponen uno de los mayores desafíos al sistema de libertades de la UE y nos hace interrogarnos si no se trata justamente de una victoria de aquellos que buscan destruir los valores europeos. Pero además, posiblemente estas medidas serían inoperantes, dado que la amenaza terrorista es internacional y las fronteras jamás han impedido los atentados, como demuestra el hecho de que los terroristas que atacaron París fueran franceses y, además, bien conocidos de la policía.

Ante esta situación cabe preguntarse: ¿Qué es lo que puede hacer la UE para luchar contra el terrorismo sin renunciar a su sistema de libertades? En primer lugar, debería profundizar la unificación en el terreno legislativo de manera que un terrorista que cometa un acto en un país no pueda encontrar refugio en otro vecino donde las leyes le sean más favorables. La UE dispone para ello de una buena base de partida en la existencia, desde el 2002, de una definición común del terrorismo asociada a penas de prisión armonizadas para todos los socios, así como una Orden de Detención Europea que obliga a todos los países de la Unión a llevar ante la justicia del país afectado a toda persona que deba ser juzgada por actos de terrorismo.

También se debería incrementar la cooperación entre los servicios de inteligencia, que actualmente tiene un carácter bilateral y excesivamente formal. Aunque la UE cuenta desde el 2004 con un “Centro de Información”, no se trata de un verdadero Centro de Operaciones, sino tan solo de un lugar donde compilar las informaciones que los distintos servicios de inteligencia quieren compartir. Un paso correcto en esta dirección fue la adopción, el pasado 4 de diciembre, del denominado “Registro del  Nombre del Pasajero”, que permite a los servicios de seguridad tener acceso a los datos de los pasajeros de todas las compañías aéreas en Europa. Se trata de un avance modesto que ha contado, no obstante, con la oposición de varios estados por entender que afecta a las libertades individuales.

Otra idea para mejorar la lucha contra el terrorismo sería la creación de una “CIA” o “FBI” propiamente europeo, que fuera complementada con una Fiscalía Europea y con unos jueces con jurisdicción en toda la UE en los casos de terrorismo. Ello exigiría, para ser eficaz, la armonización de todos los códigos penales, al menos de las partes afectadas por el terrorismo.

Pero la lucha contra el terrorismo requiere no solamente de la protección y de la inteligencia, sino también la intervención armada para actuar contra los terroristas en sus lugares de origen. Sería el papel de un “ejército europeo”, cuya forma queda por definir, pero que debería tener la capacidad de intervenir autónomamente, es decir, sin la ayuda de los Estados Unidos. A ello habría que añadir una verdadera diplomacia europea, que defendiera los intereses europeos con más fuerza en las negociaciones internacionales. No se trata de un proyecto fácil que se pueda hacer de la noche a la mañana. Requiere probablemente la redacción de un nuevo tratado de la UE que vaya más allá de lo recogido en Lisboa en el 2009, que tendrá que ser aprobado por todos los países de la Unión. Un primer paso en esta dirección sería aceptar que los gastos militares de los países que intervienen en operaciones de la Unión Europea se incluyeran en el presupuesto de la misma, dado que contribuyen a la seguridad común.

En definitiva, en unos momentos en los que Europa es consciente de que la amenaza terrorista no va a variar a corto plazo, la posibilidad de que el espacio de libre circulación de personas en la UE llegue a su fin se ha hecho verosímil. Revertir esta situación implica romper el círculo vicioso de xenofobia, antieuropeísmo y tensiones entre Estados que han caracterizado el panorama político europeo de los últimos tiempos. Se trata de impedir, mediante soluciones ambiciosas, desandar el camino de la integración que ha dominado las seis últimas décadas del proyecto europeo. En definitiva, más Europa.

Ignacio Fuente Cobo. Coronel de Artillería. Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

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