en Economía y Empleo

– María Rosa Rotondo – 

Lobby y legislación europea

Cuando el Consejo Superior de Cámaras de Comercio estableció sus oficinas en Bruselas en 1997, ya tenía claro que la mayor integración europea entre los Estados miembros tras el Tratado de Maastricht supondría un proceso de negociación de las leyes mucho más complejo. Por ello, el mayor representante de empresas españolas decidió establecer una oficina también en la capital de las instituciones europeas, convirtiéndose en el primer lobby español en tomar esa decisión.

Hoy en día, la Unión Europea cuenta con un proceso de formación de políticas públicas mucho más participativo e integrador de las distintas instancias que llegan por parte de los lobbies: empresas, asociaciones, ONGs, patronales, plataformas de ciudadanos e instituciones de los 28 países. Esto implica que la legislación europea que los Estados miembros incorporan en su legislación nacional sea el resultado de un proceso de toma de decisiones mucho más elaborado en el que distintos stakeholders a distintos niveles intentan influir a través de acciones de lobby. Por ello, con sus casi 65 años de historia como capital europea, Bruselas se ha convertido en la Washington del viejo continente, donde centenares de representantes de intereses económicos, sociales o políticos participan de forma legítima en la elaboración de las políticas europeas.

Lobby legítimo y transparente

Nos recuerda también el entonces Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de Relaciones Interinstitucionales y Administración, Maroš Šefčovič, en el libro del Foro Empresarial de APRI, El lobby en España, que la actividad de los grupos de presión es una parte legítima y necesaria del proceso de elaboración de las políticas de la UE. De hecho, el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea prevé específicamente que las instituciones de la Unión «darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas […] la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones» y «mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil».

En este sentido, las empresas, ya sea directamente o a través de las asociaciones representativas del sector al que pertenecen, intentan entrar en contacto con los representantes de las instituciones europeas para darles a conocer su visión sobre materias que afectan a su propio negocio.

Pero para que el sistema funcione de la forma más correcta, es necesario regular la actividad del lobby, para que ésta sea más transparente y abierta. Durante estos años, la Comisión Europea ha impulsado distintas medidas al respecto, como la creación de un Registro por la Transparencia, y son mayoría los Eurodiputados que no se reúnen con lobistas no inscritos en dicho Registro. Además, en noviembre de 2014 se adoptaron dos decisiones que requieren la publicación de información sobre las reuniones celebradas por los comisarios, los miembros de sus gabinetes y los Directores Generales con organizaciones o personas que trabajan por cuenta propia.

Al respecto, me gustaría dedicar unas palabras a la acción constante que dedicamos desde la asociación que represento, APRI, hacia la transparencia y la ética de la actividad del lobby en España. Una labor que incluye también desmontar los falsos mitos asociados con la profesión a la que me dedico desde hace años.

Existe cierto recelo hacia la palabra lobby por haber asociado -muchas veces a través de la prensa- ciertos casos de corrupción a esta actividad profesional y legítima. El que habla de lobby asociándolo a palabras como corrupción o compadreo no está hablando de lobby, sino de corrupción y compadreo. Los que ejercen esta profesión de forma transparente y profesional nunca se reconocerán en esa visión del lobby justo porque eso no es lobby, sino otra cosa. Lobby no es mover contactos, corromper a alguien o influir negativamente sobre las decisiones públicas. Lobby es estrategia, desarrollo de negocio y representación legítima de intereses. Es una actividad que puede hacer que toda la sociedad en su conjunto crezca y prospere.

Por ello, el lobista se convierte en un intérprete, traduciendo las necesidades de la entidad que representa al poder público. Le explica un problema, sometiéndolo a la atención del político que a lo mejor no tiene conocimiento suficiente sobre un determinado asunto. No porque nuestros representantes no lo entiendan, sino porque vivimos en una realidad tan compleja que es muy difícil tener conocimiento y competencias suficientes sobre toda materia.

Lobby, formación y movilidad

En este contexto, de mayor integración comunitaria y de procesos de negociación cada vez más complejos, es necesario que las nuevas generaciones –tanto los jóvenes que quieran dedicarse a esta actividad como los que no- tengan cada vez más clara la necesidad de tener instituciones más cercanas y transparentes. A raíz de eso, creo que la movilidad en Europa para los estudiantes es fundamental, sobre todo para el intercambio de visiones sobre nuestra casa común y para aprender más el uno del otro, tanto en lo personal como en lo profesional.

Cada vez crece más la formación en lobby y public affairs. Ante la demanda de perfiles cada día más especializados en este sector, las escuelas de negocio y los centros de formación han ido perfeccionando su oferta formativa hacia los profesionales del sector o hacia aquellos jóvenes que en sus primeros pasos hacia el mundo laboral quieran especializarse en este ámbito.

Ahora bien, el gran reto de las universidades -sobre todo en países como España- es el de hacer que la demanda sobre formación encuentre la oferta del mercado laboral. Muchos jóvenes terminan sus estudios sin saber realmente hacia dónde enfocar su carrera profesional y la gran oportunidad que ofrece un período de formación en el extranjero o una experiencia de trabajo en una ciudad como Bruselas. Sin mencionar la experiencia positiva que puede constituir participar en un programa europeo de intercambio como el Erasmus o el Leonardo. Sin embargo, establecer una buena conexión entre mundo académico y mundo empresarial a la hora de programar la oferta formativa universitaria es el gran objetivo y, como representantes del sector privado, no podemos más que estar dispuestos en colaborar para seguir avanzando en esta dirección.

 

María Rosa Rotondo. Presidenta de APRI y Directora de Political Intelligence

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