– Guido Savasta –
El golpe de Estado en Turquía representa una ulterior ocasión para debatir y reflexionar sobre la naturaleza y la legitimidad del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para frenar el flujo de migrantes hacia Europa. También cabe destacar que el fallido, aunque sangriento, golpe de Estado en Turquía ha generado la suspensión temporal del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del gobierno del Presidente Erdogan, que sale reforzado del intento golpista y determinado a adoptar nuevas medidas que alejan aún más el Estado turco de la democracia. En este contexto, deberíamos intentar contestar a las siguientes preguntas: ¿Turquía es un país seguro para los refugiados? ¿Cuáles son las consecuencias de dicho acuerdo sobre los derechos y las libertades fundamentales de los refugiados? ¿La respuesta de los Estados miembros de la UE a la crisis de los refugiados ha priorizado la seguridad en detrimento de los derechos humanos?
Con el fin de contestar a estas preguntas hay que subrayar que la llegada masiva de migrantes y, en particular, de personas necesitadas de protección internacional, no es un fenómeno nuevo. En los últimos años la UE ha sido el destino final para miles de hombres, mujeres y niños que huían de la guerra, la persecución y la violencia generalizada. En 2015, los Estados miembros han experimentado un gran aumento en la llegada de refugiados. En efecto, la Unión Europea tuvo que enfrentarse a una grave crisis a lo largo de sus fronteras occidentales y meridionales, tratando de gestionar un número sin precedentes de migrantes que intentaban entrar en el territorio de los Estados miembros en busca de protección internacional.
En este contexto, cuando la afluencia de inmigrantes y refugiados hacia Europa empezó a aumentar drásticamente durante el otoño de 2015, los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE consideraron fundamental reforzar la cooperación con Turquía con el fin de hacer frente a una crisis migratoria sin precedentes. De hecho, la magnitud de la crisis allanó el camino para el establecimiento de una nueva forma de cooperación entre Turquía y la UE. La naturaleza de sus relaciones ha evolucionado hasta convertirse en una colaboración estratégica y operativa que tenía por objeto la lucha contra la inmigración ilegal y la potenciación de los controles fronterizos, transformando así a Turquía en una buffer zone para los refugiados y los migrantes.
En el marco de la reciente crisis de los refugiados, deberíamos tener presente que, activando el Plan de acción conjunto con las autoridades turcas el día 29 de noviembre de 2015, e involucrando a la República de Turquía en la gestión de los flujos migratorios mixtos, los Estados miembros de la UE pueden ser considerados cómplices de violaciones graves de los derechos humanos contra los migrantes y los refugiados. En este sentido, el Plan de acción conjunto con Turquía puede entenderse como parte de una estrategia más amplia en el ámbito de la migración y el asilo que en las últimas décadas ha sido impulsado principalmente por las preocupaciones europeas en materia de seguridad.
El Plan de acción conjunto entre Turquía y la UE contiene una serie de disposiciones relativas a la liberalización de los visados y la readmisión de los migrantes irregulares que, desde las costas turcas, llegan a las islas griegas. Dentro del marco establecido a través del acuerdo, cuanto más coopere Turquía en la readmisión de los inmigrantes y en el control de los flujos migratorios, mayor libertad de movimiento obtendrán los ciudadanos turcos que quieran viajar a Europa. Una gestión eficaz de sus fronteras es una condición esencial para que el levantamiento y la exención de sus visados sea posible. En efecto, si el gobierno turco se muestra capaz de reducir los movimientos secundarios de los migrantes fortaleciendo su capacidad de controlar las fronteras exteriores, la UE va a acelerar el proceso “con el fin de levantar la obligación de visado para los ciudadanos turcos a más tardar a finales de junio 2016”. En realidad, el giro autoritario y las políticas restrictivas del presidente turco Erdogan han sido fuertemente criticadas por la UE y, en particular, por el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, causando una suspensión temporal del proceso de liberalización de los visados.
Por otra parte, cabe destacar que el acuerdo sobre los migrantes se basa en la capacidad de Turquía para garantizar la seguridad y la protección para los refugiados sirios. Por lo tanto, Turquía tiene que demostrar que es un país seguro para las personas necesitadas de protección internacional. Según los líderes de los Estados miembros de la UE, Turquía puede ser considerada un país seguro para los refugiados, por lo que estos serán devueltos desde las islas griegas a Turquía en conformidad con la UE y el derecho internacional.
En este sentido, la ley de asilo de la UE permitiría a los Estados miembros declarar “inadmisible” una solicitud presentada por un solicitante de asilo, es decir, sin examinar el fondo, bajo ciertas circunstancias. En efecto, de acuerdo con la Directiva 2013/32/UE relativa a los procedimientos de asilo, la demanda de asilo podría ser declarada inadmisible si un país no perteneciente a la UE se considera un “primer país de asilo” o un “tercer país seguro”. Por un lado, bajo el artículo 35 de la Directiva 2013/32/UE, el solicitante puede ser devuelto hacia un primer país de asilo, es decir un país donde el individuo en cuestión haya sido anteriormente reconocido como refugiado o disfrute de “protección suficiente”. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, los Estados miembros pueden devolver una persona a un tercer país considerado como “seguro” si dicho país garantiza el acceso efectivo a la protección internacional al solicitante de asilo que ha sido readmitido.
En este contexto, aunque los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE consideren a Turquía como un tercer país seguro, el Estado turco no cumple con la mayoría de los requisitos establecidos por el derecho internacional y de la UE, incluida la Directiva anteriormente mencionada. En primer lugar, Turquía mantiene una limitación geográfica a la Convención de 1951 y, por lo tanto, niega la condición de refugiado a los ciudadanos no europeos.
En segundo lugar, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la mencionada Directiva, el país tiene que ofrecer suficiente protección y respetar la prohibición de refoulement. En este sentido, en 2012 la Comisión Europea afirmó que el sistema de asilo de Turquía “sigue estando muy lejos de los estándares de la UE” [1], mientras que en diferentes ocasiones el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a Turquía por violación de los artículos 3, 5 y 13 del Convenio Europeo de Derechos humanos para la expulsión de migrantes hacia países “inseguros” [2]. Además, después de su visita oficial a Turquía en junio de 2012, Francois Crepeau, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, expresó su profunda preocupación por la detención generalizada y sistemática en los llamados “centros de expulsión” de los migrantes en situación irregular. En este contexto, en 2014 el informe publicado por la ONG alemana PRO ASYL reportó varios casos de migrantes maltratados y detenidos por las autoridades turcas [3]. Estos tratamientos, que pueden constituir un acto de tortura, junto con las devoluciones de refugiados a sus países de origen o de tránsito y la falta de un sistema eficaz de protección de los refugiados, dieron lugar a violaciones graves de los derechos humanos. La situación ha empeorado después de la conclusión del acuerdo entre la UE y Turquía. En efecto, después de la Cumbre internacional del 17-18 de marzo de 2015 celebrada en Bruselas, las autoridades turcas han llevado a cientos de refugiados de regreso a su país de tránsito o de origen. Amnistía Internacional ha denunciado el retorno masivo ilegal de refugiados sirios y afganos, lo que demuestra cómo el acuerdo puede exponer la vida de los refugiados en riesgo y podría dar lugar a la violación del principio de non-refoulement [4]. Mediante la devolución de migrantes y refugiados a Turquía, la UE expone a estas personas al riesgo de ser maltratadas o expulsadas a países inseguros.
En tercer lugar, de conformidad con la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, para que un Estado pueda ser considerado como tercer país seguro, el solicitante de asilo no debe estar en riesgo de ser torturado, condenado a muerte y sujeto a graves amenazas contra su vida o integridad física. Los requisitos mencionados en las Directiva se refieren también a las amenazas que derivan de un conflicto armado tanto internacional como interno. A este respecto, Turquía ha sido recientemente golpeada por ataques terroristas recurrentes en su territorio, y el conflicto armado contra la minoría kurda en el sureste del país está en una escalada de la violencia. La situación de inseguridad jurídica junto con la inestabilidad dentro del país, acentuada con el reciente intento golpista del 15 de julio, ha empujado a los migrantes y refugiados a salir de Turquía y buscar mejores alternativas en Europa. En este contexto, la ausencia de canales legales para la migración obliga a las personas necesitadas de protección internacional a recurrir a la inmigración ilegal o a los traficantes de seres humanos. Además, debería recordarse que el acuerdo entre la UE y Turquía no es conforme al derecho internacional y europeo puesto que prevé el regreso de “todos los migrantes irregulares” que han llegado en Grecia a partir del 20 de marzo de 2016. En este sentido, el acuerdo viola la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros y, por lo tanto, infringe de forma clara y evidente el artículo 19.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como el artículo 4 del Protocolo n ° 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
A la luz de las consideraciones expuestas, Turquía no puede ser considerada ni como un primer país de asilo ni un tercer país seguro. Además, la prevalencia de políticas de seguridad destinadas a prevenir que los ciudadanos de terceros países entren en la UE ha afectado negativamente a los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los que están en necesidad de protección internacional. En este contexto, el acuerdo entre la UE y Turquía es ilegal y ha allanado el camino para violaciones graves de los derechos humanos en contraste con los principios establecidos en el derecho internacional y de la UE. También cabe destacar que el derecho a solicitar y obtener asilo está profundamente arraigado y, por lo tanto, garantizado en el derecho internacional, así como en la legislación europea sobre derechos humanos.
En efecto, el artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente el derecho a solicitar y obtener asilo en otros países de la persecución, mientras que el artículo 13.2 establece que ” toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio”. Por otra parte, el derecho de asilo se reafirma en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En este sentido, cualquier medida o acción que impida que una persona disfrute de estos derechos básicos, sin ninguna justificación razonable, puede provocar una violación del derecho internacional y europeo.
En conclusión, la respuesta de la UE a la actual crisis migratoria y la consecuente implicación de Turquía constituyen un claro ejemplo de la cooperación desarrollada a lo largo de los años entre la UE y sus países vecinos en el ámbito de la migración y el asilo. En efecto, para hacer frente a la actual crisis de refugiados, la UE ha actuado dando prioridad a su propia seguridad interior en lugar de a los derechos fundamentales de los refugiados. En el marco de la política exterior de la UE en materia de asilo y migración, el enfoque excesivo en la seguridad ha llevado a la externalización de los procedimientos de control en las fronteras exteriores y al establecimiento de un acuerdo muy controvertido con un país inestable e inseguro para los refugiados.
Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, deberíamos preguntarnos si existen las condiciones para suspender el acuerdo con Turquía en materia de inmigración y salvaguardar los derechos de los que buscan asilo en Europa. Al respecto, mi respuesta a este interrogante es afirmativa e inequívoca.
[1] Commission Staff Working Document SWD(2012) 336 final del 10.10.2012, Turkey 2012 Progress Report, p.79.
[2] European Court of Human Rights (Second Section), Case of Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, Application
30471/08, Judgment of 22 September 2009; European Court of Human Rights (Second Section), Case of Tehrani
and others v. Turkey, Applications 32940/08, 41626/08, 43616/08, Judgment of 13 April 2010; European Court of
Human Rights (Second Section), A.D. And Others v. Turkey (no. 22681/09), 22 July 2014.
[3] PRO ASYL, Pushed Back – systematic human rights violations against refugees in the Aegean Sea and at the Greek-Turkish land border, 2014, Summary, 2.1.
[4] Amnesty International, Turkey ‘safe country’ sham revealed as dozens of Afghans forcibly returned hours after EU refugee deal, 23 March 2016; Ver también: Amnesty International, Turkey: Illegal mass returns of Syrian refugees expose fatal flaws in EU-Turkey deal, 1 April 2016.
Guido Savasta. Antiguo alumno del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Estudios Europeos
