en Justicia e Interior

– Ruth Ferrero-Turrión – 

Si bien el principio de libertad de movimiento lleva vigente en la UE más de 60 años, no ha sido hasta fechas relativamente recientes cuando realmente los europeos nos hemos comenzado a dar cuenta de lo que eso significa. Efectivamente, no fue hasta la incorporación de los países del Centro y Este europeo al espacio Schengen cuando se comenzó a debatir de manera frecuente sobre este tema a la luz de los datos que empezaron a aflorar. Si en 2000 el 5,1% de la población de la UE-15 vivía en un país que no era el suyo, un total de 19 millones, en 2012 según Eurostat eran 17,2 millones, un tercio del total de personas extranjeras viviendo en los países de la UE.

Esta mayor movilidad intracomunitaria, sumado a un contexto de crisis institucional (Brexit, …) y económica (crisis del euro) por el que atraviesa la UE desde hace años y al que se añaden las amenazas terroristas y la crisis de refugiados, ha hecho que la cuestión del control de esta movilidad se haya puesto en sucesivas ocasiones en entredicho. Sin embargo, veremos que esto no es nuevo. La primera señal en este sentido fue lanzada en Francia allá por el año 2005 en pleno debate sobre el Tratado Constitucional. Uno de los argumentos que se esgrimieron para pedir el no en el referéndum se sostenía sobre un discurso identitario y nacionalista que cargaba de manera extemporánea contra el “fontanero polaco”, una campaña que fue el comienzo del crecimiento institucional que ha terminado adquiriendo el Frente Nacional en dicho país.

Más adelante, ya en 2011 en plena crisis económica, Berlusconi y Sarkozy pidieron la renacionalización de las fronteras interiores, poniendo en cuestión, de paso, el Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia. Las razones que adujeron para lanzar esta petición fue la ingente llegada del gran número de refugiados procedentes de las primaveras árabes. Sin embargo, a estos posicionamientos no tardaría en sumarse el Primer Ministro británico, Cameron, y también el gobierno alemán. A principios de 2014 y a la luz del fin de la moratoria impuesta a los ciudadanos rumanos y búlgaros (que culminó a finales de 2013), los alemanes comenzaron a plantear la posibilidad de cerrar el espacio Schengen o, por lo menos, establecer algún tipo de reforma correctora que mantuviera el control sobre los ciudadanos procedentes de los países de la ampliación.

A partir de la apertura del debate en torno a la movilidad intracomunitaria se comenzaron a escuchar discursos sobre la posibilidad de restricción a la libertad de movimiento. Uno de los principales argumentos en este sentido ha sido el impacto que la presencia de ciudadanos comunitarios tendría en los sistemas de bienestar. Lo que hemos presenciado ha sido cómo, tanto por parte de las autoridades alemanas como las británicas, se comenzó a legislar en este sentido restrictivo. En Alemania se adoptó en agosto de 2014 una normativa según la cual las autoridades podrían expulsar del sistema, es decir, borrar de los registros oficiales y dejar sin opción a ayudas a los ciudadanos europeos que, después de estar seis meses sin trabajar, no pudieran demostrar sus posibilidades de encontrar un empleo. El objetivo último de estas normativas era cerrar el acceso a lo que denominan “turismo de prestaciones”. En esta misma línea, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo certificó esta norma a través de una sentencia que se fundaba en la Directiva 2004/38 que establece que se condiciona el derecho de residencia al ejercicio de una actividad económica o a disponer de recursos suficientes. El caso británico fue mucho más espinoso, ya que planteaba la posibilidad de extremar las trabas en el acceso al mercado de trabajo y, por supuesto, a las prestaciones. La idea era la no concesión de beneficios laborales de manera inmediata a ciudadanos comunitarios (sólo después de tres meses), además de que sólo podrían percibirlas durante un máximo de seis meses. Otro tipo de restricciones fue en materia de ayudas de acceso a la vivienda, y se planteó la posibilidad de deportar a aquellos que durmieran o mendigaran en la calle. También en los Países Bajos no eran pocas las voces desde partidos tradicionales que abogaban por la reforma del espacio Schengen, en un intento desesperado de contener a las fuerzas políticas de extrema derecha, cada vez con mayor presencia en las instituciones. Sin embargo, las consecuencias son a todas vistas lo contrario de lo que se pensaba desactivar. El Reino Unido ha votado la opción de la salida de la UE, lo que supone un claro triunfo ideológico de los partidos racistas, xenófobos y eurófobos. Y en Alemania y Francia los partidos tradicionales sienten en la nuca la respiración de fuerzas populistas y nacionalistas. Parece increíble que ahora el discurso que la UE quiere oir sea el de Sarkozy, cuando hace apenas una década los líderes europeos se escandalizaban con sus tesis sobre la “migration choisi”. Así, tenemos una Europa con mayor presencia institucional de partidos nacionalistas, populistas, euroescépticos, cuando no eurófobos, en todas las administraciones locales, regionales, nacionales y europeas de partidos mucho mayor que la que había en 2008.

Esta situación se ha visto agravada debido a dos nuevos actores globales que han irrumpido con fuerza en el continente, la mal llamada crisis de los refugiados, y el terrorismo internacional. Aunque hace meses que se escucha que uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la UE es a la desaparición de la zona Schengen, como hemos visto el debate está encima de la mesa desde hace tiempo.  Los detonantes de estas nuevas voces fueron los atentados de Paris y Bruselas y la desbordante llegada de personas a la UE en busca de protección internacional. Ante esta situación, Europa reaccionó replegándose sobre sí misma. Cierre de fronteras interiores de manera temporal entre Alemania y Austria, entre Francia y Bélgica; reintroducción de controles en frontera en Suecia, Países Bajos, Austria y Francia, o la construcción de infinitas vallas en Eslovaquia y Hungría son sólo algunos ejemplos de estas medidas que cada vez apuntan más y más hacia la consolidación de una Europa Fortaleza.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que se haga recaer en la UE la responsabilidad sobre el “descontrol” fronterizo, cuando en realidad la competencia en asuntos de justicia e interior siempre ha estado en manos de los Estados Miembros. Nunca se ha llegado a dar el paso hacia la supranacionalización de las competencias tal y como quedó establecido en Tampere (1999).

Si prestamos atención a determinados discursos parecería que el cierre del espacio Schengen resolvería el flujo de llegada de refugiados a los países de la UE, o que así se podría terminar con el terrorismo internacional. Sin darse cuenta de que el silogismo que establece vínculos entre la migración y el terrorismo es absolutamente falaz, puesto que no existen datos empíricos concluyentes que lo apoyen. En realidad, donde se encuentra el problema es fuera de las fronteras europeas. Si Europa no es capaz de proyectar estabilidad en su vecindad, con toda probabilidad la importará en su territorio. Al terrorismo internacional hay que combatirlo en origen, en Siria, Irak o Libia, y no intentando identificar infiltrados entre los refugiados que llegan a la UE. Por otro lado, es obligación de los Estados ofrecer ayuda humanitaria a las personas desplazadas, pero también actuar en las causas de ese efecto expulsión que suponen los conflictos y las guerras. Por último, el impulso de la cooperación policial a través de agencias como Europol y otros mecanismos de coordinación serán los que ayuden a combatir el crimen organizado. Sin duda, el fin de Schengen no sólo no resolvería estos problemas, sino que además también terminaría con la propia Unión. Y todo ello sin pararse a pensar en las consecuencias económicas y humanas que tendría poner fin a la libre circulación, pilar esencial de la integración europea.

El cierre formal del espacio Schengen no terminará con ninguno de estos problemas, refugiados y terrorismo, tampoco acabará con la presencia de discursos y fuerzas políticas nacionalistas, racistas y xenófobas. Las consecuencias, por el contrario, pueden llegar a ser catastróficas. Grandes pérdidas económicas, incremento de las desigualdades territoriales, triunfo de posiciones políticas euroescépticas  (Reino Unidos, Austria) y, finalmente, el comienzo de la descomposición de la UE tal y como la conocemos.

Ruth Ferrero-Turrión. Universidad Complutense de Madrid

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