en Políticas de la UE

– Verónica Fernández – 

En los últimos años, miles de personas procedentes del norte de África han tratado de atravesar las costas europeas buscando asilo y mejores condiciones de vida. Entre ellos, es importante tomar en consideración la fatídica situación en la que se encuentran las que han resultado ser las más inocentes víctimas de este proceso: los menores migrantes y, más concretamente, los llamados Menores Extranjeros No Acompañados (MENA). A pesar de ser niños, se tiende a dar prioridad a su condición de inmigrantes y se olvida que, como menores de edad, necesitan de una adecuada protección derivada de su especial vulnerabilidad, la lejanía de sus hogares y, en ocasiones, la separación de sus padres o cuidadores. Sin embargo, con frecuencia, el sistema los deja desamparados y permanecen a la deriva sin la debida protección.

De acuerdo con la Resolución del Consejo de Europa del 26 de junio de 1997 (97/C 221/03), cuando hablamos de menores migrantes no acompañados, nos estamos refiriendo a aquellos «menores de 18 años nacionales de países terceros que lleguen al territorio de los Estados miembros sin ir acompañados de un adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o con arreglo a los usos y costumbres, en tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos». En efecto, los motivos que pueden llevar a estos menores a salir de sus países pueden ser diversos, entre ellos, la pobreza, la desprotección institucional, o incluso el miedo.

Partiendo de esta situación, y en aplicación de lo establecido en la Observación general n.º 6 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los Estados deberían respetar los compromisos asumidos con la firma de la Convención de los Derechos del Niño, entre los que podemos destacar el de proporcionar una atención inmediata a todos aquellos niños y niñas extranjeros no acompañados que se encuentren en su territorio o el de prever en su regulación los mecanismos que posibiliten el nombramiento de un tutor, asesor o representante legal durante su estancia en el mismo. El objetivo final sería tratar de buscar una solución duradera que resuelva todas las necesidades de protección, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor y la opinión que manifieste al respecto.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que, a pesar de los progresos alcanzados, el repentino y drástico incremento del número de menores migrantes que han llegado a la Unión Europea en los últimos años, ha llevado a una situación de carencia y deficiencia en la protección de sus derechos. Según cifras aportadas por el EUROSTAT, en 2015 fueron casi 90.000 los menores no acompañados que solicitaron asilo en territorio europeo, lo que supone un espectacular aumento respecto a años anteriores. Entre 2008 y 2013, el número de solicitudes oscilaba entre 11.000 y 13.000,  alcanzando en 2014 la cifra de 23.000, para casi llegar a cuadriplicarse en 2015. En definitiva, nos encontramos ante un sistema congestionado que se ve incapaz de responder a todas las solicitudes recibidas.

Esto ha generado un impacto negativo en la situación de los menores, debido principalmente a circunstancias tales como la saturación de los campos de recepción, la falta de acceso a servicios básicos e insuficiencia de información adecuada, o incluso errores en los procesos de identificación y registro de los menores. Lo que es peor, muchos han sufrido con frecuencia formas extremas de violencia, explotación, tráfico de seres humanos, así como abusos físicos, psicológicos y sexuales, hasta después de su llegada al territorio de la UE. De hecho, se ha producido un aumento de las redes de tráfico de personas asociadas a la inmigración ilegal, que realizan traslados de refugiados por la ruta de los Balcanes occidentales, la Antigua República Yugoslava, o Bulgaria. En consecuencia, los menores que viajan solos se encuentran expuestos a una mayor vulnerabilidad condicionada por diversos riesgos.

No obstante, no nos damos cuenta de la magnitud del problema y de las posibles consecuencias que esto podría acarrear tanto a corto como a largo plazo. Muchos niños podrían desaparecer o ser separados de sus familias de origen, e incluso verse en la marginalidad o involucrados en la comisión de actividades delictivas. Como vemos, el abanico de posibilidades es muy amplio y se debería trabajar de manera más intensa en este ámbito, con el objetivo de evitar que tales situaciones puedan llegar a darse.

Por ello, sería interesante, en este sentido, estudiar la creación de una red de centros especializados capaz de atender las necesidades específicas de los menores extranjeros no acompañados, tal y como propone la ONG Save the Children. Asimismo, se debería plantear el avance en la mejora de las condiciones de los campos receptores y asentamientos, acorde con las necesidades humanitarias de los niños y niñas que llegan a nuestras costas con la esperanza de disfrutar de una vida mejor.

Verónica Fernández Picos. Alumna del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Estudios Europeos.

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