En Justicia e Interior

Es bien sabido que los españoles deseábamos sumarnos al proceso de unidad europea por la íntima relación entre democracia e integración europea. También es reconocido que el apoyo a la integración europea no era exclusivo de la clase política española y que, en España el apoyo al compromiso social europeo ha estado muy extendido entre la opinión pública y compartido por las élites intelectuales, políticas, sindicales y empresariales. Todos veían en Europa la garantía de la democracia y la única vía para insertarnos en el mundo.

A diferencia de otras ampliaciones como la británica, la danesa, la sueca, la de los países del este, o la griega, que han creado y seguirán creando innumerables problemas a Europa, el ingreso de España no debilitó la construcción europea ni le hizo perder homogeneidad. España ha sido un socio leal que ha compartido las mismas percepciones y compromisos que el resto de Estados miembros fundadores. Y por consiguiente, no hemos puesto en tela de juicio ni las finalidades últimas del proceso de integración ni el método integrador. El dilema europeo habitual ante cada ampliación es si ésta va a ocasionar daños en la profundización del modelo europeo. Con España y Portugal demostró ser superable ese dilema entre profundización y ampliación. Ambos países ibéricos compensamos el síndrome de la periferia con una estrategia basada en estar en el corazón de Europa, en el centro del proceso de decisión de la Unión.

Quiero subrayar como otro elemento para la autoestima colectiva que el proceso mismo de atribución de derechos soberanos a favor de las instituciones europeas se hizo a la par que en España se estaba asentando la democracia y, por tanto, adoptándose numerosas normas para permitir la verdadera transición del sistema anterior al sistema constitucional. La Transición y la consolidación de la democracia en España, que fue un esfuerzo político y legislativo descomunal, se hizo al tiempo que se luchaba también en aquella época contra una gran crisis económica – distinta de la actual – con mucho paro, inflación, devaluaciones. Y ese doble empeño nacional, el desarrollo constitucional y la superación de la crisis, fue en paralelo al esfuerzo a su vez de negociación de nuestra adhesión y de contribuir al proceso de integración.

Vean, por tanto, la diferencia entre aquella época, aquel esfuerzo en una triple dimensión, y la situación de la política española actual, en la que hay un esfuerzo muy importante por superar la crisis, pero sin acometer las grandes reformas del Estado que entonces se hicieron.

España ha sido, políticamente hablando, un miembro modélico en la Unión Europea. A diferencia de otros Estados miembros, España no ha tenido pretensiones de hegemonía en el seno de la Unión. Es lógico, no somos un imperio ni estamos engañados pensando que todavía somos un imperio, como le ocurre a otros Estados.

España ha defendido sus intereses en el marco de la defensa de los intereses comunes a todos. España no ha tratado de manipular la construcción europea como Francia o el Reino Unido. España ha sido mucho más constructiva que Italia y, lógicamente, no hemos tenido las inhibiciones de Alemania.

En todo caso, el hecho de estar cerca de los Estados fundadores y ser leales no ha impedido a España defender intereses nacionales; algo que también hacen todos los Estados miembros, en particular, los grandes Estados. No ha sido contradictorio con nuestro europeísmo más avanzado estar junto al núcleo duro de la integración y, al mismo tiempo, tener cierta legitimación para hacer valer ante nuestros socios que nuestra lealtad merecía que nuestros intereses fueran tenidos en cuenta. Y en efecto, ante los retos de los últimos 30 años, España cumplió con sus deberes tanto para contribuir a las reformas de la Unión y a gestionarlas, como para ser el tiempo útil en las fechas faro que se han ido marcando en la Unión Europea; ya fuera cuando ingresamos en el mercado único en el 92, ya fuera después de la fecha faro del 98 para la moneda, asimilando esa idea que tanto gusta a la cultura europea del tiempo concedido en progreso, de ir progresando siempre sin detenerse.

España estuvo entre los primeros Estados miembros que adoptaron las normas internas para lograr el perfeccionamiento del mercado interior. Y durante la primera presidencia del Consejo en el semestre del 89 se impulsó la adopción de varias decenas de directivas y reglamentos conducentes al objetivo del mercado interior y único de 1993. España también se adelantaba a la entrada en vigor de los objetivos del Acta Única Europea, suprimiendo los controles fronterizos entre España y Francia en 1989. Y también nos adherimos prontamente al Convenio de Schengen para contribuir al abatimiento físico de las fronteras y a la eliminación de los controles fronterizos. Lo hicimos en el año 94, por tanto, unos meses antes de que entrara en vigor en 1995. Nos encontramos siempre entre un selecto grupo de Estados miembros.

Igualmente, cuando estuvo en condiciones, nuestra antigua moneda, la peseta se integró en el sistema monetario europeo en junio del 89, que era el sistema que entonces suponía el mayor control y estabilidad monetaria. Pero igualmente España, enseguida, cuando comenzaron las grandes construcciones que se preveían en Maastricht, la política exterior y de seguridad común, como también naturalmente la unión económica y monetaria, demostró en esas negociaciones que no ponía ningún tipo de inconvenientes a ese progreso de la Unión Europea. Sabiendo además que, especialmente, la unión económica y monetaria nos imponía serios sacrificios sociales y económicos para alcanzar las condiciones exigidas a los criterios de convergencia de la unión económica y monetaria antes de julio del 98, y así lograr acceder, como ocurrió, a la tercera y definitiva etapa de la moneda única en el 99.

En relación con algunas de estas realizaciones o construcciones modernas de la Unión Europea, les recuerdo que hemos estado, como nunca nos había sucedido en nuestra historia, tanto en el punto de partida como en el punto de llegada. Y recuérdese que otros Estados miembros pusieron o siguen poniendo dificultades a esas dos grandes construcciones e incluso lograron estar fuera de ellas. Por ejemplo, el caso del Opt-Out del Reino Unido y también de Dinamarca en relación con el euro, o la posterior e irregular negativa sueca para integrarse en la moneda única, o el régimen especial de Reino Unido y de la República de Irlanda en materia de Schengen. Igualmente, las reticencias de Dinamarca en materia de política exterior o de ciudadanía.

En la negociación del Tratado de Maastricht nunca pusimos dificultades a las reformas impulsoras del proyecto europeo. Por el contario, tomamos grandes iniciativas. Además, es relativamente fácil establecer un elenco de esas iniciativas defendidas y sacadas adelante por España en estos 30 años.

Una iniciativa importante fue precisamente la creación del Estatuto de la Ciudadanía de la Unión Europea. Ciertamente, España en ese momento lo que hizo fue desempolvar una idea del Proyecto Spinelli del Parlamento Europeo, que fracasó en el 84. Pero fuimos nosotros los que hicimos la propuesta en el momento adecuado y en el lugar oportuno, en 1991.

Igualmente, fue iniciativa española las políticas de solidaridad, es decir, la cohesión económica social y territorial mediante la interacción de los fondos estructurales.

España, por tanto, ha aportado revitalización al proceso europeo, lo ha impulsado renovando sus aspiraciones políticas de tal manera que ha hecho a la Unión Europea algo más próxima a la ciudadanía. Sobre todo, haciendo visible para las personas el valor de la solidaridad, y ha abierto el camino hacia un mayor bienestar a los nuevos Estados miembros del este.

Puedes ver el encuentro completo en el siguiente vídeo:

Araceli Mangas Martín es Catedrática “Jean Monnet” en Estudios Europeos y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

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