En Justicia e Interior

-Diego López Garrido –

Es imposible reflexionar sobre las competencias pasadas, presentes o previsibles para el futuro de la UE sin situarlas en las grandes épocas políticas europeas, porque no se le han dado atribuciones a la Unión por razones puramente administrativas o burocráticas.

Así, la Unión – entonces llamada “Comunidad Europea” – nació hace 60 años sobre todo para que no volvieran a repetirse las tragedias de la I y II Guerras Mundiales. No necesitaba competencias relevantes. Hubo dos que destacaron: la libertad de circulación de factores de producción y la política agrícola común, que buscaban dos fines: unificar los intereses comerciales de los países fundadores y alimentar a la población europea hambrienta después de la terrible contienda bélica.

Ese período inicial duró 30 años, hasta que, en un sólo lustro, se produce una convulsión (positiva) en Europa. El bloque del Este se deshace y diez países entran de una vez en la Unión. Así mismo, nace el Tratado de Maastricht, que politiza aún más a la UE – ahora “Unión Política” – y crea la competencia más importante que tiene hoy: la política monetaria, con una única moneda, el Euro, y un Banco Central todopoderoso.

Sin embargo, el Tratado de Maastricht, y luego el de Lisboa (2009), no le dan a la Unión la política económica. Es la gran contradicción. La llamada Unión Económica y monetaria (UEM), es monetaria pero no económica y se caracteriza por una ausencia clamorosa: la armonización de los impuestos directos, que permite a algunos países (Holanda, Luxemburgo) comportarse como auténticos paraísos fiscales, haciendo competencia desleal a los demás.

La inexistencia de política económica verdaderamente europea explica en buena medida la desastrosa reacción de la UE (o mejor, los países acreedores) ante la pavorosa crisis financiera de hace una década. La férrea política de austeridad de 2010-2013 fue destructiva para la sociedad europea, y conspiró contra el espíritu inicial de la Unión, que no era otro que la unificación de Europa.

En estos últimos meses todo ha cambiado. Después de la crisis financiera ha irrumpido la crisis sanitaria/económica de la Covid 19 y se ha comprobado que Europa adolece de políticas que hubieran sido imprescindibles en este momento. Hay tres esenciales: la política social, las migraciones y el asilo y la política exterior y de seguridad.

Después de la crisis financiera ha irrumpido la crisis sanitaria/económica de la Covid 19 y se ha comprobado que Europa adolece de políticas que hubieran sido imprescindibles en este momento

La política más social se reduce a la llamada “cohesión”. Es importante, pero insuficiente. La política de cohesión tiene un significado natural: transferir fondos a las regiones menos desarrolladas desde las más ricas para lograr la convergencia económica y social. Se ha utilizado a través de tres fondos: el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (sección orientación), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Con la entrada de España y Portugal en la Unión en 1986 se introdujo el Fondo de Cohesión.

Ha contribuido a avances en la cohesión territorial. No obstante, la política social que merece ese nombre no tiene demasiada presencia (art. 151 ss TFUE). La UE no posee esa competencia, que está monopolizada por los Estados. Así, el “modelo social europeo” (nivel elevado de protección social, ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad, beligerancia de los poderes públicos sobre el empleo) tiene sólo una dimensión nacional. Y ello a pesar de que el art. 3 del TUE y la Carta de Derechos Fundamentales enfatizan los valores de pleno empleo y el progreso social.

Cuando la pandemia ha hecho estragos sociales, se echa de menos que la Unión tuviera una potente política social. Conferencias como la de Goteborg (2017) fueron incapaces de dar un salto cualitativo. Un asunto tan relevante, y dramático, como son las migraciones debería estar bajo la competencia de la Unión. Pocas cosas son más transnacionales como la migración y el asilo. Especialmente en un espacio abierto, sin fronteras, como es Schengen, en el que están la mayoría de los países miembros la UE.

Pocas cosas son más transnacionales como la migración y el asilo

Sin embargo, la migración y el asilo es competencia de la soberanía de los Estados. Se rige por el Acuerdo de Dublín, según el cual el Estado responsable de tramitar las peticiones de asilo es aquel al que llega por vez primera el solicitante. Las migraciones y el asilo son un problema constante en las relaciones entre la Comisión Europea y los Gobiernos. La Presidenta Von der Leyen dijo en el Parlamento Europeo que va a proponer la abolición del Acuerdo de Dublín. Imaginamos que para europeizar esa política, porque hasta el momento, ha sido imposible desarrollar el anhelado Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). En esta materia observamos otro vacío de competencias de la Unión Europea, con efectos claramente disfuncionales.

El tercer ámbito de competencias al que queríamos hacer alusión – o, en realidad, de no competencias – es la Política Exterior y de Seguridad Común. Los Tratados dicen que los Estados deben concentrarse sobre todo en asuntos de política exterior y de seguridad que tengan un interés común y que, por tanto, deben tratarse desde un “enfoque común” (art. 32 TUE). Cada Estado debe consultar a los demás antes de emprender cualquier acción en la esfera internacional.

Pero hay un pequeño obstáculo a una política exterior europea. Este obstáculo se llama “unanimidad”. Los Tratados dejan claro que las decisiones que afronte el Consejo en Política Exterior siempre lo serán por unanimidad, aunque caben “abstenciones constructivas”. Esta regulación debilita enormemente la política exterior de la Unión. Ha sido otra de las posiciones más destacadas de la nueva Comisión: conseguir acabar con la necesaria unanimidad en las decisiones de política exterior. Sería la única forma de que la UE tuviera el peso geopolítico que requiere y evitaría que solo exista la política exterior que tiene cada miembro.

Hay una oportunidad para que la Unión adquiera las competencias que su política necesita. Se trata de la Conferencia para el Futuro de Europa, que se lanzará este 2020 y que deberá plantearse romper el tabú que aún existe desde el Tratado de Lisboa: la reforma de los Tratados.

Esa oportunidad tendrá, no obstante, de nuevo, un obstáculo: los Tratados solo son modificables por unanimidad.

Diego López Garrido, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas.

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