-María Solanas –
Como proyecto político, la Unión Europea aspira a consolidarse como espacio compartido de derechos, prosperidad y paz, también en su proyección exterior. Tal y como recoge el artículo 2 del TUE[1], la Unión se construye sobre la base de valores y libertades que aseguren una vida digna al conjunto de su ciudadanía. La condición de ciudadanía europea no puede entenderse sin ese conjunto de valores y principios democráticos irrenunciables. Son estos principios compartidos los que otorgan valor e identidad propias al proyecto supranacional. Sobre ellos se cimienta la arquitectura normativa que hace avanzar la construcción europea, cuya misión es garantizar que nuestras sociedades se caractericen por “el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres”. Así, la condición de ciudadanía europea se traduce en nuestra pertenencia a un espacio común en el que la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad son fundamento y objetivos últimos del proyecto en construcción. Toda la arquitectura institucional (la unión política, la unión económica y monetaria, la unión fiscal, la acción exterior, entre otras) no aspirarían sino a lograr la efectividad de los derechos y libertades de todos los hombres y mujeres europeos.
Durante décadas, estos valores asociados a la propia naturaleza del proyecto europeo han sido incuestionados e incuestionables. A su relevancia para impulsar derechos de ciudadanía, se suma la fortaleza y consistencia indiscutibles de la que han dotado a la Unión. No obstante, en los últimos años asistimos al cuestionamiento (aún minoritario, y que incluye a unos pocos Estados Miembros, aunque también a fuerzas políticas presentes en varios de ellos) de algunos de esos valores -en particular los relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado de Derecho, o los derechos de las minorías-. Vulnerar, o siquiera relativizar estos valores, tiene consecuencias indudables tanto para quienes sufren dicha vulneración, como para el propio proyecto europeo, con el riesgo de su debilitamiento. Casi 65 años después, parece necesario recordar que la Unión Europea es, sobre todo, y en toda su diversidad, una unión de valores, adicionales al mercado interior o a la moneda única, y a su contribución a la prosperidad del conjunto.
En este contexto, el futuro de la UE también va a depender de la voluntad y la capacidad para mantener la adhesión y el respeto incuestionables a dichos valores, situándolos en el centro del diseño de todas las políticas, y en la base de todas las decisiones de la UE. El consenso en torno a los valores fundamentales sobre los que hemos construido la Unión requiere, en tiempos de incertidumbre, renovados esfuerzos. Sobre lo mucho que nos une, pero también sobre nuestra rica diversidad, los valores y principios han de seguir siendo pilares que fortalecen el proyecto común, y garantizan una vida digna para el conjunto de la ciudadanía europea.
En materia de igualdad entre hombres y mujeres, un principio esencial y un objetivo prioritario sancionado en el acervo comunitario, a los lentos progresos hay que sumar también los retrocesos en los años recientes, agravados aún más por la pandemia de la COVID-19. Como ha señalado la Comisión Europea, la igualdad de género ha sido objeto de ataques en algunos Estados miembros; la mayoría de los indicadores de igualdad de género están estancados; y persisten las diferencias de género en el empleo, las horas trabajadas y el salario. La participación de las mujeres en el mercado laboral de la UE sigue siendo unos 11,5 puntos porcentuales inferior a la de los hombres, y la remuneración de las mujeres es, por término medio, un 16 % inferior. Los avances en materia de igualdad de género también se han estancado cuando se trata de la presencia de mujeres en puestos de decisión. El último informe de Eurostat sobre igualdad de género (2019) señalaba asimismo la tendencia a “una creciente reacción contra la igualdad de género en algunos países de la UE, que se resisten a los logros alcanzados en los derechos de las mujeres y las niñas en las últimas décadas”.
La condición de ciudadanía europea se traduce en nuestra pertenencia a un espacio común en el que la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad son fundamento y objetivos últimos del proyecto en construcción
Recuperar la centralidad de los valores que nos unen parece imprescindible. También lo es situar a la igualdad de género en un lugar prioritario de las políticas que impulsen la recuperación y diseñen el futuro de la Unión, si se persigue lograr respuestas para el conjunto de nuestras sociedades. De otro modo, se profundizarán las brechas preexistentes en un momento de transición como el actual.
Algunas propuestas concretas en esta dirección: en primer lugar, es esencial contar con datos desagregados por sexo, tanto en las instituciones europeas como en los Estados Miembros. Una iniciativa decidida para facilitar esta base estadística es el primer paso para una toma de decisiones informada e inclusiva para las dos mitades de la población. Lo que no se mide no se puede analizar con rigor ni cambiar de manera eficaz.
En segundo lugar, la UE tiene que pasar de las musas al teatro en materia de transversalización de la perspectiva de género (gender mainstreaming), que sigue pendiente. Valorar de qué manera y hasta qué punto una política o decisión es relevante en clave de género, y por tanto necesita de intervenciones específicas para abordar las brechas y las diferencias, es la base para diseñar políticas inclusivas. Para ello, el gender mainstreaming tiene que aplicarse a todo el ciclo de las políticas (definición, planificación, seguimiento y evaluación). La UE cuenta con el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, un observatorio de la situación de las mujeres en la UE, así como un recurso disponible para impulsar la transversalización de género que requiere una UE comprometida con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Hay que aprovecharlo más.
Los planes de recuperación nacionales han de tener en cuenta la dimensión de género de la crisis causada por la COVID-19 (que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres), y contribuir a la igualdad de género. La Comisión Europea deberá evaluar, con rigor, si los Estados Miembros aplican este requisito. No habrá una oportunidad como esta para transformar nuestras economías y acelerar las transiciones pendientes, contribuyendo a cerrar las brechas preexistentes, también la de género. La economía verde y digital es una oportunidad única para marcar una nueva senda, convirtiéndose en aceleradora de la igualdad de género. Ésta también debería incorporarse como parte esencial de la relación entre el respeto a los valores fundamentales de la UE, y el acceso a los fondos de recuperación.
Por último, la igualdad de género debe formar parte de los valores que mejor proyectan a la UE en el mundo. Con una mayor presencia de la igualdad de género en los debates internacionales, la UE deber mostrar un compromiso sostenido y permanente, y sumar esfuerzos con países dispuestos a impulsar medidas concretas para avanzar.
La fragilidad (o la fortaleza) con la que la Unión afronte su futuro estarán marcadas, en buena parte, por la defensa sólida de sus valores compartidos y la cohesión interna en torno a ellos. En materia de igualdad de género, el riesgo de retrocesos y el estancamiento de los progresos en el seno de la UE empiezan a requerir una perspectiva de género seria y sistemática.
La Unión Europea que queremos para el futuro en el siglo XXI tiene que ser la UE de los hombres y mujeres que la componen. El enorme valor de ser europe@, ha de ser efectivo para las dos mitades de nuestras sociedades en el espacio común compartido que es la UE.
[1] “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.
María Solanas, directora de Programas del Real Instituto Elcano.
