en Política Exterior y de Seguridad

– Ruth Ferrero Turrión (@RFT2)

No ha sido hasta la crisis de Ucrania, la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass, cuando en la Unión Europea y la OTAN han vuelto a aparecer, tras unos años en suspenso, las preocupaciones en torno a su frontera oriental, sobre su control y las potenciales reivindicaciones territoriales de la Federación Rusa.

Varios factores se mezclan en el desarrollo de unos acontecimientos de rápida evolución. Empecemos por el principio, en la desintegración de la URSS a principios de los años 90. Una implosión que dejó fuera del estado matriz, la Federación Rusa, a más de 25 millones de rusos. Se daba entonces por concluida la Guerra Fría y Rusia perdía su imperio, un imperio que caía manteniendo su arsenal incólume, tal y como bien apuntó Hobsbawn (1998) en su Historia del Siglo XX.  Así, en 1991 encontramos los siguientes porcentajes en número de rusos étnicos: 40% en Estonia, 38% en Letonia, 37% en Kazajstán, 20% en Ucrania y Kirguistán y el 10% en Lituania.

Ethnic Russian populations

De este modo en el nuevo contexto geopolítico forzado por Putin se conjugan dos cuestiones vitales para conseguir el objetivo de volver a ser una potencia no sólo regional, sino también global: la presencia de rusos en sus fronteras y las aspiraciones de la élite rusa por reconstruir un espacio económico que poder controlar en el resto de repúblicas ex soviéticas. Quizás, el gran error  cometido por las potencias occidentales  desde el fin de la URSS hasta la crisis de 2008 haya sido dar por difunto al viejo y mutante imperio ruso. Una de las principales causas de la crisis ucraniana y europea por la que atravesamos.

Tras el fin de la Guerra Fría y el colapso soviético, Rusia tuvo que comenzar a renacer de sus cenizas, algo en lo que ha puesto todas sus energías Vladimir Putin, entre otros con la puesta en marcha de la Unión Aduanera que pretendía recomponer el espacio económico perdido como consecuencia de la desintegración de la URSS. Estas aspiraciones se vieron confrontadas con otras procedentes de la UE y de la OTAN. Algunas de las antiguas repúblicas soviéticas quedaron incorporadas a la OTAN y la UE (los Bálticos); el escudo antimisiles se había situado en sus fronteras por mor de la expansión de la OTAN, y se estaban firmando acuerdos comerciales de la Unión Europa con  todos sus países vecinos.  Ambas dinámicas expansionistas que peleaban por controlar un territorio geopolíticamente importante para ambos es lo que estamos presenciando en este momento.

El acontecimiento que rompió la evolución expansionista occidental, y de repliegue ruso, fue la crisis de Georgia del verano de 2008. Es en ese momento cuando Rusia mostró por primera vez, de forma contundente,  su disconformidad con el orden global vigente como consecuencia del reconocimiento de Kosovo tras su declaración unilateral de independencia por una amplia mayoría de países occidentales. A lo anterior se suma que en el año 2007 expiró el Acuerdo de Asociación y Cooperación con la UE, todavía sin renovar. Es, por tanto, en torno a esas fechas junto con la creación de la Unión Aduanera Euroasiática en 2010, cuando  se experimenta un cambio sustantivo en la política exterior rusa. Política que ha pasado de ser reactiva, a inconformista y proactiva, tal y como nos ha mostrado en la crisis ucraniana.

¿Cuál ha sido la estrategia rusa en relación con sus minorías?

Como decíamos, uno de los principales factores de desestabilización en la frontera UE-Rusia es la presencia de minorías rusas. La utilización estratégica de estas poblaciones por parte de la élite rusa no es algo novedoso. Ejemplos recientes los encontramos durante la crisis georgiana de 2008 y en la actual crisis ucraniana. En ambos casos, el guión fue similar. En primer lugar, se concede la ciudadanía rusa y pasaportes  a esas minorías rusas residentes en estos países, para, a continuación, esgrimir la defensa de sus ciudadanos en otro territorio como la excusa perfecta para la intervención en dicho territorio y el acceso al control del mismo, y de su población. Pero para ello, ha sido necesaria la construcción de un entramado legal que diera solidez a esta estrategia.

Este canto a la protección de las minorías rusas en el exterior, como ya hemos mencionado, no es nuevo. Más bien al contrario. Tras la implosión del imperio soviético una de las principales preocupaciones procedentes del Kremlin ha sido la protección de sus minorías, y esto ha quedado reflejado en diversas leyes y normas específicas, pero también en diversas acciones de política exterior. En relación con las primeras podemos mencionar la propia Constitución de la Federación Rusa en su artículo 80 (2) donde se plantea la “obligación de proteger” a los rusos siendo el Presidente el garante de los derechos humanos y civiles y de sus libertades. Es menester añadir la Ley de 1999 sobre compatriotas en el exterior por la que se establecía la protección oficial de estos compatriotas, si bien no queda definida cuál es la acción oficial a adoptar, sino que se deja abierto a interpretaciones. En 2008, en el contexto de la crisis con Georgia, se adoptó un documento estratégico sobre Política Exterior dónde se expone de manera explícita que “Rusia proveerá de protección comprensiva a los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos rusos y compatriotas residentes en el exterior”. Pero ¿qué entendemos por protección comprensiva? Y ¿por obligación de proteger?

Además, el año 2014 fue proclamado el “Año de la Cultura Rusa”, “el año de la atención a nuestras raíces culturales, patriotismo, valores y ética”, la receta perfecta para el nuevo excepcionalismo ruso. Esta cobertura legal junto con los acontecimientos en Ucrania y los errores de cálculo de la Unión Europea en su estrategia de expansión hacia el Este, han ofrecido la excusa perfecta para la intervención rusa en Ucrania.

Por tanto, no podemos pecar de inocentes y sostener que la intervención rusa en Ucrania haya sido a causa de la protección de las minorías en dicho territorio. Es evidente que las apelaciones a la reconstrucción de Novorossia (Nueva Rusia), término rescatado por Putin de la época zarista que se refiere a los territorios que hoy conforman las provincias del sur y del este de Ucrania, van más allá de la defensa de los derechos fundamentales de las minorías rusas. Sin embargo, no es menos inocente pensar que la utilización que ha hecho la Federación Rusa de su soft power/poder blando, un tipo de poder que va más allá de la mera presencia militar en la zona, no está siendo bien aprovechado para sus fines. Y aquí es dónde ha pecado de ingenuidad la Unión Europea. Moscú está utilizando sus cartas del mismo modo que lo han hecho sus principales rivales regionales y hay que contar con que lo seguirá haciendo.

Así, no nos podemos extrañar cuando las autoridades de Estonia y Letonia alertan de que el embajador ruso reparte pasaportes y pensiones por doquier a alguno de los cientos de miles de rusófonos que no gozan del estatuto de ciudadanos y, por tanto, carecen de derechos políticos presentes en sus territorios. Obviamente Rusia quiere jugar el efecto desestabilizador para ganar influencia y va a utilizar todos los medios a su alcance para conseguirlo. En el caso de Letonia y Estonia su carta está siendo bien jugada. Al erigirse como el nuevo defensor de los derechos de las minorías y de los derechos de  ciudadanía es evidente que le va a dar mayor legitimidad frente, una vez más, a una Unión Europea poco ágil y operativa en este tipo de cuestiones. Quizás sea en estos países, más que en otras antiguas repúblicas soviéticas, dadas sus especiales circunstancias, donde podamos ver con mayor nitidez cómo Putin está utilizando los mecanismos y normas diseñados por Occidente (Consejo de Europa, OSCE o Naciones Unidas) para denunciar, visibilizar y ganar presencia y, por tanto, influencia, en toda la región. Podemos concluir así que Rusia ha comenzado a manejar, además de su hard power/ poder duro, también algo que tradicionalmente se ha considerado patrimonio de la UE: el soft power/poder blando y hacerlo con eficacia.

 

Ruth Ferrero Turrión (@RFT2). Universidad Complutense de Madrid.

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