en Economía y Empleo

– María Álvarez-Montalvo – 

Cerca de 800.000 personas. Estudiantes universitarios, jóvenes empezando en el mundo laboral, adolescentes de instituto, niños. Procedentes de México, El Salvador, Guatemala y otros muchos lugares. Cerca de 800.000 vidas que pueden verse puestas del revés por culpa del presidente Trump.

Hablo de los Dreamers, los Soñadores, jóvenes inmigrantes indocumentados que encontraron protección en el programa DACA (Defered Action for Childhood Arrivals). Creado por el ex presidente Obama en el año 2012, DACA permitía a todos aquellos que lo solicitasen estudiar y trabajar de forma legal en Estados Unidos durante un periodo de dos años, con posibilidad de renovación. No les encaminaba a conseguir la ciudadanía o la residencia permanente, pero paralizaba la deportación. Podían solicitar el amparo del DACA aquellos que llevaran viviendo en Estados Unidos desde 2007, siempre y cuando hubiesen llegado antes de cumplir los 16 años, y los que tenían menos de 31 años el 15 de junio de 2012, fecha en la que el programa empezó a funcionar. Además de los requisitos de edad, los solicitantes debían estar en el colegio, tener un diploma de instituto o ser veteranos del ejército, y en ningún caso podían tener antecedentes penales.

DACA fue creado para proteger a los que llegaban a Estados Unidos siendo niños, y por tanto ajenos a la responsabilidad de saberse ilegales. Muchos de ellos no recuerdan una vida anterior a su estancia en Norteamérica. El pasado 5 de septiembre, cuando el presidente Trump anunció el fin del programa, todos ellos contuvieron la respiración.

La inmigración siempre ha sido un tema controvertido. Los argumentos que sostienen que los inmigrantes son una carga para la sociedad no son nuevos, ni en Estados Unidos ni en ningún otro país que se enfrente al problema. Pero en el caso de los Dreamers puede afirmarse que eso no es cierto. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, después de estar bajo la protección del DACA, el 95% de los encuestados está estudiando o trabajando, el 6% empezó su propio negocio, y el 12% compró una vivienda por primera vez. Todos ellos contribuyen al país con sus impuestos y su trabajo. El argumento de la Administración es que el programa es inconstitucional porque fue aprobado por Obama sin aprobación del Congreso.

Trump tira la piedra y esconde la mano. Anuncia el fin del programa, pero ordena al Congreso encontrar una solución. El Congreso, con divisiones no solo entre republicanos y demócratas, sino también con los republicanos divididos internamente, tiene de plazo hasta el 5 de marzo para llegar un acuerdo en materia de inmigración. De no lograrlo, los permisos de trabajo y residencia de los Dreamers empezarán a expirar.  Y Trump podrá decir, como ya está anunciando por twitter, que la culpa de que no haya acuerdo es de los demócratas.

Es lógico y legítimo que un país quiera regular las políticas de inmigración, pero deberían encontrar una forma de hacerlo que no suponga perturbar las vidas de cerca de 800.000 personas. Pero todavía no está todo perdido. Las esperanzas de miles de jóvenes y sus familias residen en la capacidad del Congreso de lograr un pacto.

María Álvarez-Montalvo. Alumna del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Estudios Europeos.

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Comments
  • Jrich
    Responder

    Gracias amigo salud2

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