– Aleksandra Sojka –
El famoso “Modelo Social Europeo” se invoca frecuentemente como alternativa al capitalismo de mercado estadounidense enfocado en el crecimiento económico a costa del progreso social. Sin embargo, en realidad no existe un modelo común de política social en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Al contrario, los modelos sociales son muy diversos a lo largo y ancho del continente y la diversidad ha ido en aumento conforme la Unión admitía nuevos países. Esta situación refleja la falta de competencias propias de la UE en este ámbito, ya que siguen restringidas a los Estados miembros. La histórica preocupación de las élites nacionales por mantenerlas a nivel de países miembros se debe al impacto que tienen las políticas como empleo, sanidad, educación o seguridad social en la vida y las percepciones de los ciudadanos (y, por tanto, de sus votantes). A pesar de que los tratados y los líderes de la UE frecuentemente invocan los valores de pleno empleo y progreso social, su relación directa con las nociones de comunidad nacional, solidaridad y cuestiones de redistribución es un factor que explica porque ha habido poco progreso supranacional en este ámbito. En realidad, la política social de la UE propiamente dicha se limita a los instrumentos de cohesión regional, que tienen como objetivo lograr la convergencia económica y social territorial.
Sin embargo, un mayor progreso en este ámbito está implícito en las dinámicas de la integración europea desde su principio. La libre circulación de personas, junto con la libre circulación de capitales, bienes y servicios, es uno de los pilares del mercado único europeo y de la integración europea en general. Pero los potenciales costes y las obligaciones mutuas que conllevan los derechos de quienes deciden moverse se han politizado tan solo recientemente. La libertad de circulación y sus supuestos costes para el Estado fue uno de los temas claves durante la campaña del Brexit. También fuera del Reino Unido, la cuestión de la movilidad de la UE y los regímenes fronterizos ocupan un lugar destacado en las narrativas de los políticos euroescépticos. El principio de no discriminación ha sido cuestionado por los principales líderes políticos en varios Estados miembros, entre ellos, Austria, Dinamarca y los Países Bajos, quienes desde 2015 han pedido un acceso restringido para los trabajadores comunitarios a las prestaciones sociales en estos países.
La politización de la libertad de circulación y sus costes, se intensificó también a raíz de la crisis de la Zona Euro, en un momento en que se estaban poniendo en tela de juicio las bases de la solidaridad europea
La escasa relevancia histórica de esos debates se debió principalmente al hecho de que, si bien han aumentado los flujos continentales de bienes y capital, la movilidad de los trabajadores dentro de la UE sigue siendo un fenómeno relativamente marginal. Esto cambió a lo largo de la década de 2000 con las ampliaciones de la Unión hacia el Este del continente, cuando la movilidad de estos nuevos Estados miembros a otros países de la UE aumentó significativamente. Los años posteriores a la crisis también han visto una mayor movilidad desde la periferia Sur de la UE después de 2008. Si bien los ciudadanos comunitarios continúan señalando la libertad de movimiento como el resultado más positivo de la integración europea (Eurobarómetro 2019). Este aumento de la (aún escasa) movilidad intra-europea también ha contribuido a la politización de la misma. La campaña del Brexit es el ejemplo más claro, cuando la cuestión de los derechos de los ciudadanos móviles de la UE, y la oposición a la migración de la UE se ha convertido en una de las motivaciones clave de quienes votaron a favor de abandonar la Unión.
La politización de la libertad de circulación y sus costes, se intensificó también a raíz de la crisis de la Zona Euro, en un momento en que se estaban poniendo en tela de juicio las bases de la solidaridad europea. Debido a las persistentes diferencias en el desarrollo económico, los estados de bienestar y los niveles de las prestaciones sociales, así como el carácter asimétrico de las crisis económicas, la oposición a la libertad de movimiento ha sido desigual en toda la UE. Si bien la oposición a la libertad de movimiento iba en aumento en los estados miembros más acomodados del norte de la UE, el apoyo a la libre circulación seguía siendo incondicional en los países más pobres [1]. Justamente, el mayor punto de controversia y contestación pública, especialmente en los Estados miembros más ricos, ha sido el acceso a los derechos sociales. De hecho, en los últimos años, los Estados miembros de la UE han estado retrocediendo en ese ámbito, especialmente después de la crisis económica, con la ayuda de sentencias conservadoras sobre derechos sociales del TJUE.
En definitiva, la integración económica europea y su mayor logro, el mercado único, no garantizarían eficazmente la cohesión económica y social, mientras que estas competencias se limiten a los países miembros. Sin un marco jurídico comunitario que garantice un trato justo para todos los ciudadanos se pueden dar situaciones en las que los trabajadores en algunos Estados miembros tienen menos derechos que en otros. Esto no solo es un problema para el objetivo de la igualdad y la no discriminación, pero también puede incentivar a las empresas a trasladarse a áreas donde la mano de obra es más barata y más fácil de prescindir en tiempos de dificultad.
Sin un marco jurídico comunitario que garantice un trato justo para todos los ciudadanos se pueden dar situaciones en las que los trabajadores en algunos Estados miembros tienen menos derechos que en otros
Mientras que las élites políticas nacionales se resisten a compartir estas competencias con las instituciones de la Unión, los ciudadanos son bastante más abiertos a esta posibilidad. En una encuesta del Eurobarómetro en 2017 (Special Eurobarometer 467, Future of Europe), dos de cada tres ciudadanos europeos estaba a favor de una mayor armonización de las prestaciones sociales y casi la misma proporción apoyaba una mayor presencia de instituciones europeas en los ámbitos de política social y sanitaria. Eso sí, con grandes diferencias entre los países más ricos, más reacios a compartir costes sociales, y mayor apoyo en el sur y este del continente (un 73% a favor de mayor papel de Europa en España). Queda por ver cómo evolucionan estas actitudes, pero en 2020, podemos presuponer que el golpe de la pandemia solo habrá aumentado el apoyo a mayor coordinación europea en estos ámbitos y la durísima crisis económica que se avecina hará más urgente incrementar el papel de la UE.
Listado de referencias
[1] VASILOPOULOU, S. y TALVING, L. (2018).Opportunity or threat? Public attitudes towards EU freedom of movement. Journal of European Public Policy, 26:6, 805-823, DOI: 10.1080/13501763.2018.1497075
Aleksandra Sojka, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid.
