– Jael de la Morena –
A finales de noviembre de 2023, se celebró en Dubái la COP28, a la que acudieron más de 70.000 participantes, incluyendo más de un centenar de Jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro, dedicado a abordar los efectos adversos del cambio climático, no estuvo exento de polémicas, principalmente por la oposición a la presidencia del Sultán Al Jaber, directivo de la petrolera estatal de EAU.
No obstante, la jornada inaugural dio comienzo a las negociaciones y culminó con un resultado histórico: la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños. Se trata de un legado heredero de las conferencias precedentes, que prepararon el terreno para la batalla contra el cambio climático.
Ante la creciente inquietud por el impacto del desarrollo humano en el medio ambiente, líderes políticos, expertos, representantes de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de 179 países, se reunieron en Río de Janeiro durante el verano de 1992 en lo que se conoció popularmente como la ‘Cumbre de la Tierra’. Fue la primera vez que las ‘Partes’ —así se denominan los Estados que han ratificado la COP— se adhirieron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), aún vigente en la actualidad y con presencia prácticamente global. Sin embargo, fue en 1995 cuando se celebró el primer encuentro oficial, la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) en Berlín, cuyos resultados se materializarían en el Protocolo de Kyoto, dos años después.
Aunque el acuerdo fue adoptado en la COP3, no entraría en vigor hasta 2005, y supuso el primer paso de muchos para abordar el cambio climático desde una perspectiva global: estableció el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados. De este modo se reconocía la responsabilidad de los países desarrollados, a los que se les imponía una reducción media de las emisiones de un 5%. La ausencia de importantes actores económicos subrayaba la necesidad de un cambio.
La COP13 abriría otras puertas: un nuevo enfoque en la lucha climática, esta vez, con Estados Unidos a bordo. La llegada de última hora de Obama a la COP15 impulsó el Acuerdo de Copenhague en 2009, que recibió un aluvión de críticas: se trataba de un acuerdo no vinculante, sin objetivos específicos. La atmósfera de aquella Conferencia fue tensa; se argumentaba una notable manipulación y una falta de transparencia respecto al Acuerdo. Y sin embargo supuso el primer compromiso conjunto de países desarrollados y en desarrollo para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Acuerdo de París de 2015 dejaría atrás ese sabor agridulce, ampliando la responsabilidad al exigir reducciones de emisiones a todos los países. De este modo, se limitaba el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2ºC, un objetivo a medio plazo para evitar consecuencias climáticas catastróficas. El acuerdo reconocía la capacidad de adaptación a los efectos negativos del cambio climático y se exigía una adecuada financiación para aquellos países con más dificultades.
En la COP15, los países desarrollados se habían comprometido a contribuir anualmente con 100.000 millones para ayudar a los países menos desarrollados a mitigar los efectos del cambio climático. Una promesa que caducaba en 2020 y nunca llegó a cumplirse. La creación del mecanismo de pérdidas y daños de Glasgow tampoco tuvo éxito ni en la COP26, ni en la COP27 de Sharm El Sheik. Por ello, los avances en la jornada inicial de la COP28 resultaron tan significativos e históricos, y cristalizaron en la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, una inyección de 700 millones de dólares de diferentes donantes: 100 millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos, el país anfitrión; 20 millones de euros de parte de la Unión Europea (sin sumar las aportaciones individuales de los países miembros); una limitada aportación de 17,5 millones de dólares de EE.UU; entre otras ayudas.
El impacto del cambio climático ha dejado de ser una preocupación de futuro y se ha convertido en una realidad: fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías o inundaciones. El número de incendios forestales ha aumentado durante los últimos veranos por toda Europa y, en el caso de España, han sido especialmente dañinos para la flora y fauna de la isla de Tenerife este 2023. A su vez, el incremento de la temperatura, causado por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provoca la subida del nivel del mar, la desertificación o la pérdida de biodiversidad.
Efectos desiguales para los Estados, dependiendo de su posición geográfica o sus medios para adaptarse a la crisis climática. Países como Afganistán han sufrido un aumento de las temperaturas (un dramático 1,8ºC desde 1960), alternando épocas de sequías e intensas inundaciones. El Fondo va dirigido a los países en desarrollo especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, para hacer frente a las pérdidas y daños resultantes del mismo.
El Fondo opera bajo la supervisión de las Partes, en consonancia con el Acuerdo de París, y su estructura interna se basa en la representación, garantizando la participación activa de todas las Partes en las decisiones y asignación de fondos. El borrador, publicado durante la Conferencia, invita al Banco Mundial a trabajar como intermediario financiero durante un periodo de cuatro años, transfiriendo su capacidad legal al Fondo. Lo cual no significa que únicamente los países miembros del Banco Mundial pueden acceder al Fondo, ni tampoco que reciban un trato preferente. Una configuración interna independiente es clave para garantizar la transparencia del Fondo.
Tras la aprobación inicial del Fondo de Pérdidas y Daños, la COP28 ha centrado su atención en el debate energético, mirando hacia un horizonte renovable, pero sin descartar aún los combustibles fósiles. En cualquier caso, el Fondo se ha convertido ya en un avance trascendental, uno de los primeros frutos de esta COP28: un apoyo solidario a la lucha contra el cambio climático.
Jael de la Morena, estudiante del Máster en Relaciones Internacionales.
Este artículo se incluye dentro de la Cátedra Jean Monnet “European Union’s external relations and Spanish Foreign Policy”.
