-Miguel Moltó-
Para tener una visión global de lo que representa la dimensión social de la Unión Europea, es preciso hacer referencia a una serie de elementos que consideramos fundamentales para su comprensión. Vayamos por partes:
- Lo que dicen los Tratados
La competencia de la Unión en política social es una competencia compartida, según reza el artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La política social queda desarrollada en el Titulo X del TFUE, entre los artículos 151 a 161. Sin embargo, en aplicación del principio de subsidiaridad, la política social es, en lo esencial, competencia de los Estados miembros. La Declaración 36 del Tratado de Lisboa precisa que las medidas tomadas por la Unión Europea en las materias citadas en el artículo 156 (referentes al empleo, seguridad social, formación profesional etc) no pueden servir para armonizar los sistemas nacionales.
- Las responsabilidades compartidas
La Unión y los Estados miembros comparten responsabilidades en materia de empleo, asuntos sociales e inclusión. La Comisión coordina y supervisa la política de cada país; impulsa el intercambio de buenas prácticas en materia de empleo, pensiones, pobreza y exclusión social; elabora normativas y supervisa su aplicación en campos tales como los derechos de los trabajadores y coordinación de los sistemas de seguridad social.
Las políticas sociales y de empleo de la UE han mejorado las condiciones de empleo, la salud y la seguridad en el trabajo promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia
- Los antecedentes recientes
La Agenda Social Renovada
Los desafíos a los que debía hacer frente la UE en el ámbito social se plasmaron en 2008 en lo que se denominó “La Agenda Social renovada” (ASR). Se consideró que debían renovarse los medios para alcanzar los fines sociales fijados en los Tratados. La nueva Agenda fue transversal y multidimensional y abarcó una seria de ámbitos, entre ellos el mercado de trabajo, la educación, la sanidad y la inmigración. La ASR se basó en tres principios: crear oportunidades de trabajo y movilidad; proporcionar acceso a los ciudadanos a la educación, protección social, sanidad y servicios de alta calidad y demostrar solidaridad que debe ser entre generaciones, entre regiones, entre los más ricos y los más pobres. También había que estimular la inclusión y la integración social y la lucha contra la pobreza.
Las medidas para avanzar en estos tres objetivos son responsabilidad de los Estados miembros, pero la acción de Europa aporta un valor añadido. En este sentido podemos citar tres instrumentos aplicados por la UE: el primero es el legislativo; el segundo es el diálogo social que se configura como una de las piedras angulares del modelo social europeo; y el tercero la financiación, destacando el Fondo Social Europeo que en el período 2014-2020 contribuyó con unos 80 mil millones de euros para llevar a cabo acciones en el ámbito social.
El Pilar europeo de los derechos sociales
El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el Pilar Europeo de los Derechos Sociales (PEDS) en la cumbre que se celebró en Gotemburgo (Suecia), el cual consiste en dar a los ciudadanos comunitarios unos derechos sociales más efectivos. Se basa en 20 principios estructurados en tres categorías, representadas,a su vez, por tres capítulos: el primero se refiere a la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo, y en el mismo se incluyen entre otros la educación, la formación y el aprendizaje permanente, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades; el segundo trata de las condiciones de trabajo justas, y en el mismo se incluyen entre otros los salarios, equilibrio entre vida profesional y privada, diálogo social y participación de los trabajadores; el tercero versa sobre la protección e inclusión social, y en el mismo figuran entre otras las prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones y prestaciones de vejez, sanidad, inclusión de las personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y acceso a los servicios esenciales.
- Los retos de la Unión en el ámbito social
Entre alguno de los retos de la Unión en este ámbito, podemos citar: el envejecimiento de su población que, para 2030, se espera sea la más vieja del mundo, lo que afectará a la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social; la necesidad de modernizar en muchos países su sistema educativo para hacer frente a la digitalización y a la inteligencia artificial, entre otros cambios tecnológicos, puesto que, en caso contrario, se agudizarán sus bajas tasas de empleo actuales así como sus altas tasas de paro especialmente en el paro juvenil.
La garantía juvenil ha supuesto un paso adelante, pero los esfuerzos en este campo tendrán que ser reforzados máxime con las consecuencias negativas que la Covid 19 está teniendo en este segmento de la población. Por ello, es necesario avanzar en la convergencia social y reducir las desigualdades hoy existentes en las prestaciones sociales entre los países comunitarios. La Unión debe hacer frente al riesgo de pobreza y exclusión social que, para su conjunto, supera el 20% de su población (más de 100 millones de personas), debiendo destacarse la importancia de la pobreza infantil. Las transferencias de los Estados mitiga esta situación, no obstante son insuficientes en muchos países para salir del riesgo de pobreza o exclusión social. Conviene destacar que el hecho de tener trabajo tampoco excluye salir del umbral de la pobreza. La causa está en las bajas remuneraciones salariales que reciben las capas sociales más bajas en algunos países de la UE.
- Un apunte sobre el esfuerzo del presupuesto comunitario en el ámbito social.
Desde el punto de vista presupuestario, el ámbito social de la UE representa en torno al 0,3% del gasto social público, lo que implica que las mejoras en las prestaciones sociales recaen en los Estados miembros. Un mayor esfuerzo del presupuesto comunitario es necesario.
Es necesario un mayor esfuerzo del presupuesto comunitario en el ámbito social
Para hacer frente a la Covid 19, excluyendo al Banco Central Europeo, la UE aprobó en abril un montante de 540.000 millones de euros, de los cuales 100 mil se destinarán al apoyo al empleo a través de la iniciativa SURE. En julio, el Consejo Europeo aprobó el Fondo de Recuperación (Next Generation EU) por un total de 750.000 millones de euros para el período 2021-2023 y el Marco Financiero Plurianual (MFP) por un importe de algo más de un billón de euros para el período 2021-2027.
Respecto al Fondo de Recuperación sorprende que la propuesta de la Comisión de subvenciones para sanidad por importe de 7.700 millones de euros haya sido suprimida por el Consejo Europeo. Así mismo, la propuesta de la Comisión para el Programa Horizon de 30.300 millones de euros ha sido reducida por el Consejo Europeo a 5.600 millones y el Programa InvestEU de 13.500 a 5.000. No parecen decisiones muy adecuadas si se quiere mejorar el ámbito de I+D y otras inversiones para mejorar el nivel tecnológico de la Unión, el crecimiento y el empleo.
Conviene resaltar, sin embargo, que en el MFP figuran el Programa digital por valor de 6.761 millones de euros, el Programa Horizon por un montante de 75.900 millones y el Programa Conecting Europe Facility en el que para lo digital figuran 1.832 millones de euros.
Es de esperar que este esfuerzo se traduzca en una mayor tasa de crecimiento, de empleo y en una reducción de la tasa de paro y de las desigualdades sociales en la UE.
Miguel Moltó, Catedrático de Economía Aplicada y profesor del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos.
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