-Luis Rodrigo de Castro-
La Asociación Oriental (Eastern Partnership –EaP-) es un instrumento específico de la Política Europea de Vecindad (PEV), y por tanto de la Acción Exterior de la Unión, creada en el año 2009 a fin de favorecer el desarrollo de relaciones preferentes entre la Unión Europea y sus Estados vecinos del Este y del Cáucaso (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania). El objetivo último no es otro que el de construir conjuntamente un espacio de prosperidad basado en los principios de buena vecindad y de cooperación pacífica, tal y como recoge el artículo 8.1 TUE.
De los seis miembros de la Asociación Oriental, el caso particular de Bielorrusia merece una consideración aparte. Su inclusión en la Asociación Oriental respondió más a cuestiones de orden geopolítico que a cuestiones de otra índole. Si bien el país incumplía de largo los requisitos de partida que la Unión Europea había fijado a modo de líneas rojas para poder adherirse a esta iniciativa (régimen democrático, respeto a los derechos humanos e imperio de la ley), existen dos consideraciones que fueron determinantes para que Bielorrusia pudiera finalmente acogerse a ella. Por una parte, el temor europeo a que el país intensificara aún más su relación con Rusia en caso de quedarse fuera. Por otra parte, se preveía, como así ha sucedido, que la situación de fortaleza del presidente Lukashenko se iría erosionando con el paso del tiempo y la Unión Europea debía estar lo mejor posicionada posible para ayudar a Bielorrusia en la transición post-Lukashenko, puesto que la Asociación Oriental había sido planificada como un proyecto con vocación de permanencia en el largo plazo.
Con estos mimbres, la Unión Europea ha venido favoreciendo el desarrollo y la modernización de sus vecinos orientales a través de la Asociación Oriental, apoyándose para ello en cuatro esferas clave: la económica (stronger economy), la productiva (stronger connectivity), la civil (stronger society) y la política (stronger governance).
En relación a las dimensiones económica y productiva, la Unión ha apostado por el fortalecimiento de la economía local y, en el caso de Bielorrusia, también por su apertura al exterior bajo la premisa de que el robustecimiento de las relaciones comerciales de Bielorrusia con el exterior contribuiría a sentar las bases para la consecución progresiva de mayores niveles de seguridad jurídica y certidumbre normativa. En este ámbito, el país ha podido beneficiarse del programa “EU4Business” (destinado a la concesión de préstamos a las PYMEs locales por un montante que entre 2009 y 2017 superó los 70 millones de euros), de los fondos de la Asociación de Europa del Este para la Eficiencia Energética y el Medio Ambiente, de la obtención del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de una línea de financiación en infraestructuras por valor de 2.800 millones de euros, y del apoyo que la Unión Europea en sus aspiraciones de adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En el campo de la sociedad civil, la Unión Europea ha buscado materializar su acción a través de medidas que resultasen tangibles para la ciudadanía europea y bielorrusa, de modo particular en aquellos ámbitos que contribuyesen a estrechar los lazos científicos y culturales especialmente entre las generaciones más jóvenes. El programa Erasmus+ ha dado la oportunidad a estudiantes y docentes bielorrusos de poder completar estancias concretas de movilidad en instituciones académicas europeas. Por su parte, el Esquema de Movilidad para Contactos Específicos de Persona a Persona (MOST) ha facilitado la realización de intercambios culturales y el Cuerpo Europeo de Solidaridad ha sido abierto a los nacionales bielorrusos así como a los de los demás Estados miembros de la Asociación Oriental. Uno de los últimos avances se produjo en mayo de 2020 con la adopción por parte del Consejo de una decisión dirigida a facilitar la emisión de visados tanto a ciudadanos europeos que deseen entrar en Bielorrusia como a ciudadanos bielorrusos que deseen entrar y transitar dentro del Espacio Schengen.
En cuanto a la dimensión política, esta es un poco más compleja ya que la actitud autoritaria de Lukashenko choca frontalmente con los principios y los valores (artículo 2 TUE) que constituyen la esencia del proceso de construcción europea. Insistentemente la Unión Europea ha reclamado a las autoridades de Minsk la aplicación de una moratoria en la aplicación regular de la pena de muerte, cuando no su abolición total; el respeto a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores y a los derechos de las minorías nacionales en Bielorrusia; la existencia de instituciones democráticas elegidas libremente por la ciudadanía en elecciones periódicas, libres y transparentes así como la garantía y protección de la libertad de expresión, asociación y reunión[1].
A pesar de las dificultades y de la vulneración de los derechos inherentes a la persona, la Unión Europea no ha dudado en abrir espacios para el diálogo y el encuentro con miras a la consecución de estos nobles objetivos. Una ardua labor en la que la Unión trata de implicar y reforzar el papel de la sociedad civil bielorrusa. Sin embargo, a la Unión Europea tampoco le han dolido prendas a la hora de mostrar firmeza ante la vulneración sistemática de los derechos políticos y sociales por parte de los dirigentes bielorrusos. En este sentido, la Europa unida no ha reconocido la validez del resultado de las elecciones presidenciales celebradas el 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia al haberse llevado a cabo sin las garantías democráticas mínimas y ha abogado por su repetición bajo observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Asimismo, defiende la necesidad de que las diferentes facciones beligerantes aborden un diálogo nacional sin ningún tipo de injerencia exterior. Al embargo de armas y a las sanciones ya existentes, la Unión ha anunciado la adopción de nuevas medidas contra los responsables del fraude electoral y la represión violenta de las protestas ciudadanas.
Tampoco ha permanecido indiferente ante la situación al otro lado de la frontera común la sociedad europea. Prueba de ello son las concentraciones organizadas a lo largo y ancho de la Unión en las que los ciudadanos europeos han mostrado públicamente, sin ambages y en repetidas ocasiones su apoyo al movimiento democrático bielorruso que demanda en las calles el simple hecho de poder decidir su futuro libremente por sí mismos.
Por tanto, los ciudadanos europeos podemos tener la certeza de que la Unión Europea continuará abogando por una Bielorrusia democrática, respetuosa con los derechos y las libertades individuales y reconciliada consigo misma.
Listado de referencias
[1] Véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de febrero de 2016 sobre Bielorrusia
Luis Rodrigo de Castro, Investigador Doctor en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos
